Los audios de las conversaciones entre Oscar Iván Zuluaga y Daniel García, publicados por la revista Semana, no solo develan reconocimiento de responsabilidad del ilícito usufructo de los dineros de Odebrecht en el debate presidencial de 2014, sino también evidencian las falencias en el diseño y trabajos de las dos entidades responsables de los procesos electorales, y se suman a las amenazas de violencia que hoy se ciernen sobre las elecciones regionales de octubre de este año.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral no han dejado de sembrar inquietudes e incertidumbres sobre la necesaria transparencia de las elecciones, indispensable para la legitimidad de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. No se ha logrado disipar, sino acrecentar, las sombras que cobijan sus acciones y decisiones.

Las grabaciones de marras confirman la opacidad que cubre las contiendas electorales, seguramente auspiciada por el errático diseño de las instituciones concernidas y aprovechada por los distintos actores de los procesos eleccionarios. Por ello, no dejó de inquietar que el Congreso resignara la posibilidad de mejorar el sistema, con la aprobación de una reforma electoral de la mano del registrador y expresidente del CNE que más dudas ha despertado en el ejercicio de sus altas responsabilidades.

La reforma se inspira en el clientelismo burocrático, tan caro a las mayorías congresionales. En efecto, consagra el libre nombramiento y remoción de toda la nómina de la Registraduría, en detrimento de los concursos de méritos; establece una contratación libre de requisitos y escrutinio, cuando atañe a su carácter misional -entre ellos el software de conteo de votos-, bajo el manto del concepto de seguridad nacional; introduce el voto electrónico, desestimado por vulnerable por muchos países europeos; adopta la financiación a través de plataformas electrónicas, con lo que exonera de responsabilidad a los candidatos en casos de dineros provenientes de actividades ilícitas; instituye el control previo del CNE a las encuestas de opinión; y levanta el veto a la participación de los candidatos sancionados por los órganos de control.

Toda una panoplia de instrumentos para evadir controles y convertir al registrador y a sus funcionarios en los sospechosos árbitros de todo proceso electoral, y al CNE en su validador, sin herramientas ni voluntad para enmendar y corregir, como ha sido siempre su papel por razón de su diseño en su integración y competencias. No escandalizan los audios en los que Alexander Vega habla de la necesidad de tablas entre los candidatos presidenciales del 2014 en relación con la financiación oculta de Odebrecht. Resulta apenas natural la incredulidad que acompaña la investigación del CNE sobre la campaña de Petro.

Nos aprestamos a vivir las elecciones más violentas de este siglo, con los árbitros menos confiables y un gobierno impávido ante las angustias ciudadanas y sus previsibles consecuencias. Las organizaciones criminales dictarán impunemente su ley en vastos territorios, corolario obligado del delirio mesiánico del gobernante y de una oposición huérfana de autocrítica. Síntomas de la degradación de la política que parece condenarnos al desastre. Carecemos de guardianes en la heredad.