Para vivir en sociedad es necesario respetar la opinión de los demás, con mayor razón en temas de política y religión, debido a sus propias convicciones, las cuales cada quien defiende a toda costa. Sin embargo, tratándose de asuntos que trasciendan hasta llegar a comprometer la tranquilidad ciudadana, la democracia está llamada a proporcionar las condiciones para resolverlos, en la medida de lo posible. Labor nada fácil, tratándose de arraigadas convicciones como lo anoté atrás.
La obra sobre democracia, pluralismo, y la libertad, denominada “Solución de los conflictos en los sistemas democráticos”, de Juan José Toharia, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, invita a convenir ante todo, que “la democracia es un sistema paradójico, muy fuerte y muy frágil, pero a la vez muy poderoso y vulnerable.” Y dice esto porque, como ya lo anotamos, luego de generadas las convicciones “es muy difícil violentarlas”.
Nos recuerda a Stuart Mill, uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico, quien manifiesta que “el poder social de una persona con convicciones es sin duda siempre superior a una persona con solo intereses” y que esas convicciones son las que le dan la fortaleza a la durabilidad de un sistema democrático. Así es como en una sociedad abierta, plural, el hecho de existir diversas convicciones conlleva conflictos permanentes, lo cual hace que las soluciones nunca puedan ser absolutas o definitivas sino transitorias, y si esos conflictos no se resuelven, continúan latentes y terminan por estallar. Ante esa realidad, el sistema político y la administración de Justicia están llamados a actuar como dos grandes mecanismos que en toda sociedad democrática “dan salida y sirven de válvula de escape a dichas tensiones sociales.”
En resumen, si el sujeto humano es en sí mismo conflictivo (Freud-Castoriadis), la convivencia social es también inherentemente conflictiva “… por contraposición de intereses y/o percepciones” (Francisco Muñoz).
En consecuencia, es prioritario conocer y estudiar las causas de los conflictos para poder resolverlos, pero también dichas soluciones precisan de legitimidad; es decir, que sean admitidas por la sociedad. Por tanto, y muy a propósito de las discusiones suscitadas recientemente en Colombia entre el ejecutivo y la rama judicial, si bien la legitimidad la otorga la aprobación de las mayorías ciudadanas, la institucionalidad actúa mediante reglas formales, leyes, decretos y reglamentos, etc., que incluyen procedimientos y normas de conducta, ya sean morales y/o éticas, y que tienen como objetivo limitar la forma de actuar de las personas…
Por supuesto, entonces, la administración de justicia, directa o indirectamente a través del poder judicial y del Ministerio Público están para conservar el orden institucional, pero, aquí está la condición, se necesita de quienes ejerzan tales cargos, que actúen con objetividad, transparencia, honorabilidad y decoro, como requisito sine qua non para mantener el orden. Fuentes de consulta. “Solución de los conflictos en los sistemas democráticos". Juan José Toharia. Universidad Autónoma de Madrid. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, democracia y paz. Harold Valencia López.