El clamor por una mayor descentralización está tomando fuerza. Acaso puede convertirse en el pivote de la política colombiana de los próximos tiempos. Y como el asunto es importante, es bueno tomarlo con sindéresis y aplomo.

La reunión de gobernadores de la semana pasada en Cartagena es una buena muestra de ello. El reclamo por una mayor descentralización y por más recursos fue el lenguaje común que aglutinó a los mandatarios locales.

Tres pistas pueden servir para que este anhelo tenga un aceptable aterrizaje y no vaya a desembocar en un traumático barrigazo político. Veamos en qué consisten.

La primera tiene que ver con la aspiración de más recursos reclamados por las regiones, en especial por los departamentos. En la reunión de la conferencia de gobernadores de Cartagena el presidente Petro aceptó que el gobierno va a revisar el esquema vigente del “sistema general de participaciones”.

Es una promesa que requerirá un gigantesco esfuerzo técnico y jurídico por parte del gobierno en la preparación de la ley que el presidente se comprometió a preparar y llevar al congreso. El “sistema general de participaciones” es nada menos que la carta de navegación que traza los parámetros de cómo se distribuyen los ingresos corrientes de la nación entre el gobierno central y los departamentos y municipios. Es el mapa financiero de la descentralización.

Los gobernadores piden una mayor participación en el pastel de los ingresos corrientes. Probablemente los municipios solicitarán otro tanto. Y el gobierno central deberá proponer entonces -tal es el sentido de la propuesta aceptada por el presidente Petro en Cartagena- una nueva fórmula de distribución financiera entre el gobierno central y las entidades territoriales. Esperemos a ver qué sale de este compromiso pues lo cierto es que hasta el momento el gobierno central, que se sepa, no tiene nada preparado al respecto.

No será fácil esta tarea. Colombia es ya un país ampliamente descentralizado fiscalmente, y a nivel central el margen de acción no es holgado para que el centro ceda más recursos de los que recauda a nivel nacional hacia la periferia. Pero tal fue el compromiso solemne adquirido en Cartagena.

La segunda pista se refiere a las conclusiones que están próximas a salir de la comisión sobre la descentralización que viene coordinando el departamento nacional de planeación. El jefe saliente de esta entidad, doctor González, alcanzó a anunciar antes de su renuncia que en los próximos meses divulgaría las recomendaciones de esta comisión que, obviamente, irán en la dirección de profundizar el proceso descentralizador en Colombia.

Y, por último, tenemos entre manos como tercera pista la tarea pendiente de concretar las recomendaciones que presentó la comisión que trabajó sobre cómo modernizar los tributos de las entidades territoriales para ponerlos a tono con los tiempos modernos. Sus recomendaciones están listas desde hace más de un año, el gobierno prometió volverlas proyectos de ley, pero por el momento no han podido salir de los anaqueles olvidados donde reposan tantas recomendaciones de comisiones de especialistas que con frecuencia se convocan en Colombia.

La ejecución juiciosa de estas tres pistas significaría un enorme avance en los propósitos de la descentralización. Cada una de ellas requiere estudio profundo, esmerado trabajo en el congreso por parte del gobierno, y voluntad política. ¿Tendrá este gobierno la capacidad de llevarlas a buen puerto estando inmerso en una profunda desorganización política y con una agenda recargada en el congreso con las otras reformas que intenta empujar en las venideras legislaturas? Y, además: con una situación fiscal tremendamente comprometida que le resta capacidad para ser más flexible ante las aspiraciones de los entes territoriales. La pregunta queda planteada.

En lo que no puede caer el país es en un desordenado mosaico de ideas atropelladas que echen por el piso el esquema que nuestra constitución dibuja, a saber: una república unitaria con una alta dosis de descentralización.

Sería fatal que nos embarcáramos a estas alturas en improvisadas fórmulas federalistas o en ofuscadas salidas de regiones autonómicas, sin saber exactamente qué significan, y lo que sería más grave: sin tener claro cómo se financiarían.