Poco después de la firma no oficial del acuerdo de La Habana se acentuó la campaña por el Sí con un torbellino de declaraciones e interpretaciones que han logrado aumentar incertidumbres y temores sobre su aprobación e implementación. En pocos días se forjó una cadena de hechos que obedecen más a temores sobre la no refrendación del acuerdo que al propósito de lograr el consentimiento ciudadano.

Primero, se anticipó el “fast track” para la aprobación en el Congreso de la convocatoria del plebiscito, sin siquiera acompañar el texto con la pregunta sobre la que deberá decidir el votante. Después, se reveló la fecha de realización del plebiscito para el 2 de octubre y se dispuso la publicación de las 297 páginas para simular acatamiento al mandato de la Corte de promover un voto consciente e informado. Posteriormente, se develó la pregunta que se hará a los electores ignorando lo expresado por la Corte Constitucional de que en el plebiscito no se somete a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente la voluntad del electorado sobre el Acuerdo Final. Y para culminar la obra se autorizó a gobernadores y alcaldes a hacer, en favor de del Sí, “todo… sin pararle bolas a los órganos de control”

Pero toda esa disposición a la alegría se vio rápidamente amenazada por la posibilidad de que el Acuerdo Final  no fuera definitivo e inmodificable. Según “Iván Márquez”, a la X Conferencia Nacional de las Farc le corresponde dar veredicto sobre los acuerdos sin el cual no podrá Timochenko suscribirlos. Por otra parte, las Farc notificaron al Gobierno que su concentración en las zonas acordadas se condiciona a la aprobación de la ley de amnistía, que será posterior al plebiscito, lo que implicaría, no solo violación del acuerdo, sino también la interferencia armada de la guerrilla en la campaña. Por último, la renuncia del Papa a una tarea que no le fue previamente consultada, y su sustitución por la Corte Europea de DH, recordada por su falló en contra de la reclusión de Yair Klein en cárceles colombianas, debilita las garantías de imparcialidad que requiere la designación de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que no entusiasma ni siquiera al vicepresidente y atemoriza a terceros sindicados de relación directa o indirecta con el conflicto

Si esta es la pedagogía que ha emprendido el Gobierno en nada contribuye a una decisión informada y meditada de los ciudadanos, pero si acrecienta el escepticismo de los colombianos.