El ingreso de los productos agrícolas a los municipios, con los debidos protocolos para evitar contagios por Covid-19, debe ser permitido por los mandatarios locales y regionales.

Así lo consideró ayer la Procuraduría a través de un comunicado en el que anunció vigilancia a gobernaciones y alcaldías para que promuevan medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario y la protección de la economía campesina, familiar y comunitaria durante la actual emergencia sanitaria.

El Ministerio Público recordó que ya designó a los procuradores judiciales agrarios y ambientales para que confirmen que a las comunidades campesinas se les garantice el ejercicio de sus actividades, en condiciones de seguridad adecuadas ante la expansión del Covid-19, de manera que cuenten con implementos necesarios como guantes y tapabocas.

Igualmente, vigilarán que se suministre el mínimo vital a los campesinos mayores de 70 años, quienes por su edad tienen restringida la circulación, y su subsistencia depende del ingreso que obtienen por su actividad agrícola o pecuaria.

La comunicación destacó la necesidad de que los gobiernos locales, con el apoyo de autoridades departamentales o nacionales, aseguren el control de precios y eviten el acaparamiento, tanto de alimentos como de otros bienes necesarios para la atención de la actual emergencia; además, promuevan los mercados locales e implementen estrategias, como los llamados circuitos cortos de comercialización, para asegurar el abastecimiento de las comunidades.

Los procuradores podrán instar a las autoridades locales y de policía para que permitan el libre desplazamiento de los campesinos y demás actores que integran la cadena de abastecimiento alimentario en el país, y de esa forma facilitar el ejercicio de sus actividades.

Vigilarán la adopción de las medidas de bioseguridad en los procesos de producción, poscosecha, acopio, distribución y comercialización, para respetar las medidas de protección frente al Covid-19.

Para la Procuraduría es necesario profundizar la comunicación con los gobiernos locales, departamentales y las juntas de acción comunal, así como con las asociaciones que albergan a los miembros de la economía campesina, familiar y comunitaria, que permitan tanto su protección, como su fortalecimiento.