Los gobiernos de Colombia y Panamá acudirán el próximo 22 de julio a la Organización Mundial del Comercio, OMC, y concretamente al Órgano de Solución de Controversias, para definir cómo se eliminarán los aranceles que impuso Bogotá al ingreso de calzado, textiles y prendas de vestir.

Al mismo tiempo se conoció que el gobierno de Panamá reconoció que considera una reforma a la ley que permite aplicar medidas de retorsión (retaliación) ante acciones de otros países que estime discriminatorias a su economía, refiriéndose a los pasos a dar para asegurar el cumplimiento de un dictamen de la OMC que favoreció a su país en un diferendo comercial con Colombia, pero que se ha dilatado.

El ministro de Comercio e Industrias panameño, Augusto Arosemena, hizo las afirmaciones al hablar sobre la perspectiva de cumplimiento por parte de Colombia de la decisión del pasado 7 de junio de la OMC favorable a Panamá en un diferendo por la aplicación colombiana de aranceles mixtos.

El órgano de solución de controversias de la OMC confirmó un fallo previo, del 27 de noviembre de 2015, que consideraba discriminatoria la aplicación por parte de Colombia a Panamá de una sobretasa al ingreso a su país de calzado, textiles y prendas de vestir.

Arosemena explicó que la definida es la última instancia de reclamación a que tiene derecho Colombia en esta controversia, por lo que le corresponde ahora al país sudamericano tomar un camino.

Según afirmó la viceministra de negociaciones comerciales internacionales de Panamá, Diana Salazar, el 30 de julio vence la vigencia de las medidas prorrogadas por Colombia (los aranceles mixtos), por lo que Bogotá deberá decidir sobre el desmantelamiento de las medidas cuestionadas, lo que espera Panamá, o si renueva las medidas, o qué posición toma.

Las autoridades colombianas habían relacionado la aplicación del arancel mixto como una medida para supuestamente frenar el contrabando proveniente de la panameña y caribeña Zona Libre de Colón (ZLC), una de las zonas francas más grandes del mundo.

Arosemena destacó que se reunió ayer con la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, trabajando en coordinar una reunión entre él y la ministra de Comercio, Industria y Turismo colombiana, María Claudia Lacouture, para determinar cuál va a ser el criterio para desmantelar las medidas cuestionadas.

“Pero nosotros como país seguimos exigiendo que esa medida sea desmantelada, y que no sea renovada el 30 de julio”, agregó, apuntando que el gobierno de Panamá considera que debe ser así, a pesar que la OMC no establece un plazo específico sobre cuándo se debe desmantelar (Información de la agencia Xinhua).

En abril de este año, Colombia decidió prorrogar los aranceles mixtos a la Zona Libre de Colón, ZLC, de Panamá, mediante el pago de 5 dólares por cada contenedor proveniente de esa zona con productos como textiles, prendas de vestir y calzado.

En efecto, esta prolongación de la medida fue hasta el próximo 30 de julio y se presenta cuando el país está a la espera de apelación ante la OMC sobre un fallo favorable a una demanda de Panamá contra estos aranceles, porque violaban compromisos adquiridos con anterioridad por las dos naciones.

El 3 de enero, la Cancillería panameña expresó el repudio a la posición de Colombia, que argumentó que las barreras arancelarias son para proteger a ese país de la práctica del lavado de activos en su oposición al fallo adverso.

Ese mismo mes, el sector privado panameño planteó al Gobierno del presidente de ese país, Juan Carlos Varela, la opción de aplicar medidas de reciprocidad a Colombia porque insiste en imponer los aranceles pese a la resolución de la OMC.

Asimismo, el pasado 22 de enero, Colombia apeló la decisión de noviembre del Grupo Especial de la OMC por supuestas aplicaciones erróneas del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (ESD) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

EN SU momento, Colombia alegó, entre otros puntos, que el Grupo Especial incumplió su obligación al desestimar pruebas sobre lavado de activos en las ventas./ENS