Luego casi año y medio de intervención el Gobierno nacional dio por fin visto bueno a la búsqueda de un inversionista estratégico para Electricaribe en contraste con las pretensiones de los siete departamentos de la Costa Atlántica que quieren un operador regional.

El presidente Juan Manuel Santos anunció en las últimas horas que a finales de julio se dará inicio al proceso para seleccionar el inversionista estratégico para la Electrificadora del Caribe, Electricaribe, que se encuentra intervenida por Estado desde finales de 2016.

Lo que se está haciendo es buscarle una solución definitiva al problema en el suministro de energía que se vive en la costa norte del país luego de la intervención a la que fue sometida la empresa Electricaribe, por las constantes fallas en la prestación del servicio.

“Para garantizar el mejoramiento y la continuidad de la prestación del servicio de energía a los habitantes de la región Caribe, a finales de julio se iniciará un proceso de mercado abierto, transparente y competitivo para buscar un inversionista estratégico, con capacidad financiera y experiencia técnica para gestionar adecuadamente el plan de transformación que requiere la compañía”, dijo Santos.

El objetivo, según el presidente, de abrir un espacio para un nuevo inversionista es garantizar la prestación y continuidad de servicio de energía en la región Caribe. “Y en línea con recomendaciones a finales de julio ya oficialmente se inicia proceso de oferta, en mercado abierto, podrán competir todos los interesados para gestionar este plan de transformación”, agregó.

El mandatario señaló que, mientras se consigue el nuevo inversionista, el Gobierno seguirá garantizando los recursos para financiar la operación y las inversiones de la compañía. “Ratificamos nuestro compromiso con una solución estructural para garantizarle a la Región Caribe el servicio de energía que se merece”, dijo el jefe del Estado

El anuncio lo hizo luego de conocer un informe hecho por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en el que se hace una serie de sugerencias al Gobierno nacional.

Lo que quiere la región

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que lo ideal para superar la emergencia que vive la Costa Atlántica en materia de suministro y prestación del servicio de energía eléctrica es la creación de una empresa de carácter regional.

El jefe del Gobierno en el Atlántico, señaló que hay ya varias personas especialistas en el tema que se encuentran trabajando en el proyecto, que se espera sea entregado este fin de semana al Gobierno nacional.

Verano sostuvo que “nosotros queremos iniciar un proceso que permita la escogencia de un gran operador y la creación de una gran empresa regional que atienda la energía. Vamos a tratar de elaborar sobre este tema para presentarlo al Gobierno nacional”.

En el pasado, el gobernador Verano había propuesto la creación de una empresa que aglomerara varias de las existentes en la Región Caribe para que maneje el servicio en los siete departamentos y que genere, transmita y distribuya la energía.

Dijo que al dejar la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la puerta abierta para analizar el tema, ahora tienen que estudiar cuál será el esquema que deben implementar.

“Queremos que sea la propia Nación la que acepte la propuesta y que haga directamente el tránsito hacia el próximo Gobierno, sin limitaciones; si hay que cambiar normas existentes o esquemas, lo tendremos que construir”.

Sobre el tema, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Rutty Paola Ortiz, ‘abrió la puerta’ para estudiar la propuesta de crear una empresa regional que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa.

Al referirse a la iniciativa la funcionaria dijo que se analizará desde el Gobierno nacional para buscar una “salida coherente”, que le permita a la Región tener al final de la intervención un sistema eléctrico de calidad.

“Una vez tengamos el detalle de la propuesta la vamos a revisar. Todas las propuestas que surgen en la mesa requieren unas modificaciones, probablemente algunas sean de tipo legal, otras del orden regulatorio”, explicó Ortiz al señalar que la región es la que mejor conoce sus necesidades, el potencial, el talento que tiene, por ello espera que se pueda avanzar en el análisis de la propuesta.

Ortiz se comprometió a realizar el análisis y las observaciones requeridas para su viabilidad.

La crisis

Antes de ser intervenida por el Gobierno, Electricaribe registraba pérdidas por  250 millones de dólares, debido al no pago del servicio por parte de los usuarios y los robos.

El problema de la falta de pago por parte de los usuarios se debe, según Gas Natural Fenosa, a las condiciones económicas precarias de los usuarios del servicio que les impide el pago oportuno. Por su parte, los usuarios constantemente protestan por la prestación irregular del servicio de electricidad y el cobro excesivo, irreal y desmesurado del servicio básico esencial en sus facturas.

A pesar de esto la empresa continúa con su plan de inversión a corto y mediano plazo, para optimizar la prestación del servicio en la Costa colombiana del Caribe.

El 15 de noviembre de 2016 es intervenida por el Gobierno colombiano de manera preventiva debido a problemas técnicos y financieros. El 14 de marzo de 2017 la Superintendencia de Colombia ordena liquidar la filial de Gas Natural Fenosa. El grupo Gas Natural Fenosa posee el 85 por ciento de Electricaribe desde 2009 mientras que el 15 por ciento restante está en manos del Gobierno colombiano.

En marzo de 2017 Gas Natural Fenosa, solicitó el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares.

La compañía española pide en su demanda que el Gobierno colombiano le devuelva Electricaribe “en un marco regulatorio viable”.

Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, y fue intervenida por el Gobierno colombiano desde el 15 de noviembre de 2016.