Un llamado a consolidar productos y servicios acordes con las necesidades de los microempresarios colombianos  y que permitan su crecimiento, con una política de Gobierno dirigida a garantizar las condiciones económicas, regulatorias e institucionales para que el mercado pueda desarrollarse de manera eficiente, con planes e incentivos para la transición de la informalidad a la formalidad, que motiven la utilización de los medios de pago electrónicos para la reducción del efectivo, transformando y asumiendo las nuevas tecnologías hizo María Clara Hoyos Jaramillo, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas.

Resaltando los resultados del nuevo informe del Banco Mundial de 2014 sobre inclusión financiera, la directiva destacó que a través del amplio acceso a cuentas asequibles, los sistemas financieros incluyentes contribuyen a reducir la desigualdad de ingresos y respaldan el crecimiento económico: “las poblaciones de ingreso bajo son las que más se benefician de innovaciones tecnológicas como los pagos a través de teléfonos celulares, la banca móvil y la identificación de los prestatarios ya que contribuyen a la disminución de costos de los servicios financieros y facilitan el acceso a la población vulnerable y habitantes de zonas rurales; especialmente los de regiones aisladas, veredas y corregimientos, las zonas menos pobladas de Colombia”.

De la informalidad a la formalidad

De acuerdo con cifras publicadas por el DANE en la última encuesta de hogares de marzo de 2017,  en Colombia hay 9,7 millones de negocios por cuenta propia. Sin embargo, según el reporte de inclusión financiera de 2016 elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia financiera, en el país solamente hay 3.200.000 microempresarios atendidos con microcrédito, de los cuales según cifras de Confecámaras solamente 1.049.265 están formalizados y registrados en las cámaras de comercio.

Según Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, alcanzar mayores niveles de formalidad también implica darle acceso a un mayor número de ciudadanos a otros productos y servicios formales que la banca y el sistema financiero deben diseñar para atenderlos, a través de nuevas tecnologías: “Sobre este punto a veces me pregunto: ¿Será que nuestro sector no tiene las herramientas necesarias que le permita ser fuente de financiamiento para los cerca de 7 millones y medio de colombianos que aún no son atendidos por el sistema?

Si se analiza el último censo disponible del DANE sobre vivienda, el déficit cualitativo es de 2.5 millones de unidades y el déficit cuantitativo de 1,8 millones de unidades; donde el 70% del déficit corresponde a familias informales. Esta realidad del país nos muestra la necesidad inminente de diseñar conjuntamente con el Gobierno productos de crédito para compra y construcción de vivienda dirigida a esta gran cantidad de familias que hoy están excluidas de los incentivos estatales para lograr su vivienda propia”, concluye la directiva de la organización gremial.

Microfinanzas en cifras

De acuerdo con la encuesta diseñada por el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República en asociación con Asomicrofinanzas, acerca de la situación actual del microcrédito en Colombia para el segundo trimestre del año 2017, el sector económico con mayor acceso al microcrédito se presenta en el sector comercio, seguido por los servicios y las personas naturales.

En el caso del sector agropecuario, de la construcción y de las comunicaciones el acceso es aún restringido; esta circunstancia puede ser explicada por la baja rentabilidad, como consecuencia de los altos costos en que se incurre para hacerles llegar los servicios financieros que estos sectores requieren.

Con respecto a los riesgos derivados del sobreendeudamiento, se evidencia la necesidad de que las entidades originadoras de microcrédito cuenten con políticas y procesos que les permita vigilar el endeudamiento total de los sujetos de crédito. Esta situación se ve reflejada en el indicador de calidad de la cartera, el cual muestra un deterioro significativo al pasar del 6,2% en diciembre 2015 al 7,0% en mismo periodo de 2016 y al 7,5 % en el segundo semestre de 2017.

El deterioro es preocupante debido a que el mayor perjuicio se le está generando a los propios microempresarios, quienes al ser reportados adversamente en las centrales de riesgo se ven obligados a recurrir a alguna modalidad de crédito informal. En este punto vale la pena resaltar el interés demostrado por la Superintendencia Financiera de Colombia en relación con la definición y homologación de la reestructuración de las deudas, sin desconocer las diferentes situaciones en las que un cliente se puede encontrar en mora.

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