PESE A una cuantiosa ejecución de recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz ($ 77,45 billones en 6 años), no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET. Esto último como producto de una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos.

Esta es una de las principales conclusiones del Séptimo Informe de la CGR al Congreso sobre los recursos del posconflicto, donde se indica también que la Reforma Rural Integral -RRI-, no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el DANE -último corte disponible de 2021- son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa.

Señala el ente de control que “los $ 44,9 billones ejecutados en la Reforma Rural Integral no han logrado las transformaciones requeridas, ni siquiera en los municipios priorizados, debido a la deficiente formulación de proyectos, y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables”.

Considera el informe de la Contraloría que “la participación ciudadana, eje fundamental del Acuerdo Final de Paz, es precaria o casi inexistente en algunos instrumentos a cargo de las entidades nacionales”.

En los PDET se logró total participación comunitaria en la formulación de las iniciativas, y mínima incidencia en la implementación, y en el seguimiento. Esto último por las limitaciones en el acceso y la deficiente calidad de la información financiera.

Según la Contraloría, luego de transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere. Se espera que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final -UIAF- y la Agencia de Renovación del Territorio, concreten los ajustes normativos, técnicos y metodológicos que demanda la implementación y el país pueda avanzar hacia transformación estructural del campo”.