La semana comenzó con una gran polémica por la decisión del comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) de autorizar la participación de la Nación en la reestructuración de Avianca, mediante el financiamiento de hasta US$370 millones dentro del proceso que sigue la empresa bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos. La operación deberá ser evaluada y autorizada por el juez que se encuentra a cargo del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Sobre el particular, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó el lunes en varias programas radiales que “recuperar ese servicio público que presta Avianca se demoraría más de cuatro años y eso nos costaría $20 billones a los colombianos y 500.000 empleos”.
Pero también, el presidente Iván Duque le señaló a Ondas de Ibagué que “la razón por la cual Colombia decide participar primero en un crédito, que no es un subsidio, es un crédito, y es un crédito que no es barato, se hace en un esquema de concurso de acreedores y reestructuración que está garantizado por herramientas de ley. Es un crédito, además, de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos cerca de 500.000 puestos de trabajo en el país y mucho más cuando esta aerolínea representa cerca del 50% de la conectividad”.
Duque agregó que otras aerolíneas también se pueden ver beneficiadas con este tipo de créditos debido a que lo que busca el Gobierno es respaldar la continuidad del sistema aéreo nacional, considerado como fundamental para la seguridad aérea, la conectividad, el turismo y también otros propósitos.
Transparencia
En este contexto, el procurador Fernando Carrillo, en carta al presidente Duque, pidió que el financiamiento se adelante con toda la transparencia y de cara al país, y que el Ejecutivo explique a los ciudadanos las acciones que piensan desplegar para evitar los riesgos que trae una inversión de “la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.
En la misiva, el jefe del Ministerio Público planteó 18 interrogantes dirigidos a explicarle a la opinión pública cómo esta empresa panameña, con operaciones a lo largo del continente americano y deudas del orden de los US$5.000 millones o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el Gobierno. Precisó además que aunque Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte público nacional en el país.
“Surgen de allí varios interrogantes: ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el Gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el Gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? ¿Estimó su término de duración? ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.
"Duque agregó que otras aerolíneas también se pueden ver beneficiadas con este tipo de créditos"
Seguimiento
Este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) formalizó una solicitud de información al Ministerio de Hacienda, que permita aclarar el sustento técnico del crédito, las garantías dispuestas, el papel que tendrá la Superintendencia Financiera para controlar dicho financiamiento y la actuación o las decisiones que se tengan previstas por parte del comité de administración del FOME frente a solicitudes de otras aerolíneas.
De igual manera, el organismo de control citó para mañana al comité a una mesa de trabajo.
En esta reunión, la Contraloría buscará analizar el estado actual de los recursos dispuestos por el Gobierno para enfrentar la emergencia nacional y los efectos para este Fondo del crédito a Avianca.
En su comunicado, la CGR anunció que hará seguimiento y verificación del sustento técnico del crédito dado por la Nación a la aerolínea Avianca, con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público; a su vez, en el marco de la Resolución Reglamentaria Orgánica 049 de 2019, que creó el Sistema de Control Fiscal Participativo, así como de las facultades previstas en el Decreto 267 de 2000, artículo 55 numeral 10.
En este caso, se ha desplegado el mecanismo de especial seguimiento para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos administrados por el comité de administración del FOME.
Reestructuración
A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda consideró que “los beneficios para Colombia y su economía al permitir que Avianca avance en su reestructuración y mantenga su operación en el país son significativos”, anotando que “la afectación a la operación de Avianca tendría repercusiones negativas en la calidad del servicio aéreo, en la economía y en la competitividad del país”.
Minhacienda precisó que “la decisión se da luego de un proceso de análisis y estudio de alternativas frente a la participación del Gobierno que inició en marzo de este año, cuando la compañía tuvo un primer acercamiento para buscar financiamiento. En este proceso de decisión se tuvo en consideración los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los servicios provistos por Avianca en términos de actividad económica, la capacidad de transporte aéreo, la destrucción de empleos y la pérdida de ingresos, tanto de la Nación como de las entidades territoriales”.
La comunicación del Minhacienda resaltó que “la transacción contará con nuevos aportes de los inversionistas existentes, así como aportes de nuevos participantes en condiciones de mercado”.