LA ASOCIACIÓN Colombiana de BPO, BPrO, mostró su preocupación ante algunos artículos planteados en la reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso de la República, advirtiendo que representan un desafío considerable para la estabilidad y crecimiento del sector en Colombia.

En su análisis, BPrO destaca que temas fundamentales como la transformación digital, la flexibilidad horaria, el contrato de aprendizaje y la monetización de la cuota de aprendiz no han sido abordados con la efectividad requerida en la propuesta actual. Para la Asociación, una reforma laboral debe responder a las exigencias de una economía cada vez más digitalizada y que requiere mayor adaptabilidad en sus regulaciones.

Al tocar el contrato de aprendizaje y la monetización de la cuota de aprendizaje, BPrO considera que la nueva propuesta incluida en los artículos 22 y 23 representa un retroceso en la inclusión juvenil laboral. Lo que presentan como un avance, no es más que nuevas limitaciones que desincentivan la contratación de aprendices en un sector caracterizado por una alta concentración de talento joven.

El texto que pasa para tercer debate establece que los aprendices del SENA recibirán el 60% de un salario mínimo en la fase lectiva y el 100% durante la fase práctica incrementando todas las prestaciones sociales. BPrO advierte que estas medidas no promoverán en un futuro de forma efectiva la formación de los jóvenes ni facilita su acceso a empleos de calidad. Si el Congreso insiste en esta redacción el resultado fáctico serán menos oportunidades laborales en el mercado formal, afectando directamente la competitividad del sector.

Además, el gremio identifica como otro reto importante la falta de flexibilidad horaria y contractual en la reforma, elementos esenciales para el sector BPO colombiano. La naturaleza de sus operaciones exige adaptabilidad en los horarios, especialmente para atender mercados internacionales en distintos husos horarios. Sin embargo, la propuesta de reforma ignora esta necesidad, lo que, según BPrO, pone en riesgo la capacidad del sector de atraer inversión extranjera.

“Las restricciones a los contratos a término fijo y por obra o labor, limitados a un máximo de cuatro años con obligatoriedad de transformarlos en contratos indefinidos, reducen la capacidad de las empresas para responder a la demanda cambiante y comprometen su competitividad”, señaló la ejecutiva.