LOS VIENTOS que desde hace un mes comenzaron a soplar con ímpetu avisando de la tormenta que se venía en el sistema de salud con el Plan Piloto del Gobierno con el nuevo modelo para los profesores, finalmente golpearon ayer con fuerza a otros 4,6 millones de usuarios que en pocos meses quedarán a la deriva.

Se trata de los afiliados a Sura EPS, la última entidad que solicitó al Gobierno permitirle no continuar con el servicio de salud, ante la aparente quiebra que se avecina.

Este hecho, pese a los anuncios del gobierno de que los usuarios no van a quedar desprotegidos y que continuarán recibiendo la atención requerida, es prácticamente el colapso del sistema, inducido por el Ministerio de Salud que está enredado con el proyecto de reforma.

Sura EPS se suma a la decisión de Compensar, con 2,2 millones de afiliados, de solicitar la liquidación del servicio de salud y a la intervención de Sanitas, la segunda promotora de salud más grande de Colombia, con cerca de seis millones de afiliados.

A esto se debe sumar que Petro intervino la Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados.

No en vano, actualmente, con la intervención de Sanitas y de la nueva EPS, el Gobierno ya controla otras cuatro entidades: Famisanar, con 3 millones de afiliados; Emsanar, con 1,7 millones de afiliados; Asmet Salud EPS, con 1,6 millones de afiliados y Savia Salud, con 1,6 millones.

Millones de usuarios

En total, la suma de todas las EPS intervenidas da más de 24,5 millones de personas, pero si se le suman los afiliados a las que han pedido ser liquidadas o desmontadas, los usuarios sobrepasan los 30 millones.

Actualmente, la Superintendencia de salud tiene otras EPS en proceso de liquidación. La más grande es Medimás EPS, pero también están al borde de desaparecer Ecoopsos, Convida EPS y Comparta EPS, entre otras.

En la decisión de Sura EPS, Juana Francisca Llano, presidenta de suramericana, dijo en una rueda de prensa que “hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura. Sin embargo, en este momento se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas”.

La entidad señaló que el plan que presentó al Gobierno es un Programa de Desmonte Progresivo, que es una figura jurídica que permite el retiro de manera ordenada y diligente del sistema de salud.

La solicitud consiste en realizar una transición coordinada y planificada de sus afiliados, que garantice la entrega completa de la información clínica y favorezca la continuidad del tratamiento, según las necesidades de salud de las personas.

Este programa prevé, además, mecanismos para proteger las reservas técnicas de EPS Sura, con el fin de gestionar sus obligaciones con distintos actores del sistema, como clínicas, IPS y hospitales.

Estructura

Llano señala que “la situación del sistema de salud en Colombia es un problema histórico y estructural. Si bien la salud es un derecho fundamental y lo hecho constituye un gran logro social para el país, la cobertura y los servicios ilimitados contrastan con un presupuesto insuficiente. Aunque las coberturas han aumentado en los últimos años, los recursos asignados mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanzan. Además, los Presupuestos Máximos para lo no incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) tampoco cubren las necesidades, agravando las deudas acumuladas”.

Explican los directivos que “estos problemas estructurales del sistema de salud han llevado a que EPS Sura no cumpla con el indicador del patrimonio adecuado, dado que se agotó. De hecho, entre 2022 y 2023 se registraron unas pérdidas netas por más de 360.000 millones de pesos. Para el 2024, proyecta que las pérdidas podrían llegar hasta los 500.000 millones de pesos, suma que confirma la inviabilidad de la EPS en las condiciones actuales”.

Ante esta decisión de Sura, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, en su cuenta de X, señaló que “desde el mes de junio las EPS Sura, Sanitas y Compensar advirtieron al Gobierno nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaban. Una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores. La principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación”.

Indica, asimismo que “ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población. Hoy el país recibe la noticia del retiro voluntario de Sura que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del Gobierno nacional en el mes de abril. Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible”.

Situación

No se debe olvidar que ya en marzo pasado, la Contraloría General, en un análisis de la situación financiera de 26 EPS, encontró que, hasta octubre de 2023, estas entidades deben un total de $25 billones a hospitales y proveedores. Además, tienen otras deudas como reservas técnicas y pasivos administrativos.

El informe destaca que 16 de estas EPS (el 61,5 %) no tienen un margen de solvencia satisfactorio y, lo más grave, no cumplen con los requisitos básicos para operar: capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Solo 5 EPS (Salud Total, Sura, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud) cumplen con la provisión y la inversión de sus reservas técnicas.

El experto en salud, Carlos Felipe Muñoz, en un detenido estudio, señala sobre las opciones para que una EPS suspenda el servicio: “el retiro voluntario ocurre cuando una EPS decide, por iniciativa propia, cesar sus operaciones y salir del sistema de salud. Este proceso se gestiona de manera que la EPS cumple con todas las obligaciones regulatorias y contractuales antes de su salida definitiva. El retiro voluntario se basa en decisiones estratégicas o financieras internas, y debe ser aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar una transición ordenada de los afiliados a otras EPS y la finalización adecuada de las operaciones”.

A su vez, el experto sostiene que la liquidación voluntaria es una figura legal mediante la cual una EPS decide disolverse y liquidar sus activos y pasivos. Este proceso se lleva a cabo cuando la entidad determina que no puede continuar con sus operaciones de manera sostenible. La liquidación voluntaria implica un desmantelamiento completo de la estructura organizacional y financiera de la EPS, y debe seguir un procedimiento legal riguroso para asegurar que todas las obligaciones con afiliados, proveedores y empleados sean cumplidas satisfactoriamente.

Gobierno garantiza atención

Ante la solicitud de desmonte progresivo de la EPS Sura, el Gobierno nacional anunció que “los usuarios actuales de la EPS Sura en toda Colombia pueden tener un parte de tranquilidad. Mientras se surta el proceso administrativo de solicitud de desmonte progresivo, todos los pacientes continuarán recibiendo los mismos servicios en las mismas instituciones donde los han recibido hasta ahora. No tendrán que cambiar de médico, solicitar nuevas citas de especialista o de operaciones pendientes ni solicitar nuevas autorizaciones para los servicios previamente aprobados”.

Señala que “la crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años, y no a situaciones coyunturales recientes. El sistema de salud requiere una transformación inmediata que asegure una atención digna y de calidad para todos los colombianos, sin distinción alguna”.

Asegura el Ejecutivo que “de ser aprobada la Reforma a la Salud, las EPS podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida para contribuir a mejorar la prestación de los servicios de salud, acercarse más a los colombianos, incluso en los territorios más alejados, y ofrecer servicios de atención oportunos y eficientes, donde el Estado sea quien asuma el riesgo financiero. La EPS Sura le había expresado al Gobierno nacional que está de acuerdo con dicha transformación”.