La revisión y actualización de las regulaciones actuales relacionadas con el Impuesto Predial Unificado Rural, ha emergido como un tema de conversación crucial en el actual Gobierno. Esta medida busca no solo preservar los usos agropecuarios de la tierra, sino también promover la progresividad en la recaudación de impuestos y salvaguardar las áreas destinadas a la producción de alimentos.
El impuesto predial del suelo rural que Colombia necesita y esta mirada internacional contó con la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Federación Colombiana de Municipios, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Lincoln Institute of Land Policy.
Ordenamiento
Por su parte, el director del DNP, Jorge Iván González Liliana Cortés, resaltó en su intervención la importancia del ordenamiento del territorio y enfatizó que el catastro multipropósito es la gran revolución del sector agropecuario para una verdadera transformación del campo.
Además, Anacláudia Rossbach, directora de Programas para América Latina y Caribe del Lincoln Institute of Land Policy, habló sobre el fenómeno de expansión urbana en los países de América Latina, el cambio climático y la informalidad que afectan la sostenibilidad y la producción misma de los alimentos, de ahí la importancia de proteger los usos para la producción agropecuaria.
Durante el primer bloque se presentó a los asistentes el contexto actual y la propuesta de análisis sobre el impuesto predial rural, elaborada por la UPRA junto con el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac)y el Ministerio de Hacienda, el cual propone una estructura tarifaria para la aplicación del impuesto predial unificado en el suelo rural, que permita la progresividad del tributo e impulse en los territorios la sostenibilidad, protección ambiental y el incentivo a la producción agropecuaria.
“El Igac tiene como meta obtener los valores de los predios urbanos y rurales, pero en particular de los predios rurales, por lo menos del 60 %. Esa es una tarea que se logra a través de la actualización catastral, en la cual este gobierno está totalmente comprometido”, dijo Gustavo Marulanda, quien añadió que este trabajo articulado con otras entidades tiene como objetivo ofrecer lineamientos a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura para la compra de tierras, tal como lo estipula la Reforma Integral Rural.
Trabajo
Sobre el trabajo con entidades del sector, el funcionario indicó “creo que el trabajo que venimos haciendo con la UPRA es en realidad histórico. Tenemos una serie de proyectos que trabajamos conjuntamente. El primer tema es uso y aptitud con escala a 25.000, un insumo fundamental para que la UPRA avance aún más en términos de identificación para la planificación rural con un mayor nivel de detalle. Por otro lado, trabajamos en valores de referencia a escala 1:1000, en departamentos como Cauca, Sucre, Córdoba”.
Cabe resaltar que hay 78 municipios, que no tienen formación catastral rural, lo cual afecta el recaudo por ese concepto. La propuesta contempla una estructura tarifaria que considera la progresividad del tributo a través del avalúo catastral, la diferenciación y promoción de actividades agropecuarias y de conservación y protección ambiental. Además, cuenta con una clasificación de las actividades económicas del ordenamiento territorial, en 6 grupos tarifarios de acuerdo con los usos y actividades económicas que presenta el territorio rural y las rentas de la tierra.
El impuesto predial unificado, tributo de orden municipal, está reglamentado por la Ley 44 de 1990, que otorga a los municipios la competencia para su administración, fijación de tarifas y recaudo.