UN ANÁLISIS exhaustivo sobre el futuro del Sistema General de Participaciones (SGP), hizo la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Astrid Martínez, en su participación en la sesión de la Comisión IV Constitucional Permanente del Senado.

Martínez fue directa y dijo que el proyecto se debate en el Congreso, “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central (GNC), aumentando su déficit y llevando la deuda neta a superar, ya no solo el nivel del ancla de la deuda compatible con la regla fiscal (55% del PIB), sino su nivel límite. Cuando la deuda pública sobrepasa su nivel límite (71% del PIB en el caso de Colombia) la probabilidad de que ésta presente una tendencia explosiva (de no retorno) se incrementa aceleradamente.

Sostuvo que “se necesitarían alrededor de 3 reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública”.

Además, “la reforma pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y la estabilidad macroeconómica”.

Espacio limitado

Considera la experta que “en vista de la alta inflexibilidad del gasto público, el aumento de las transferencias del SGP reduciría significativamente el espacio para inversión social y productiva. De acuerdo con las estimaciones del CARF, el limitado espacio que hoy tiene la inversión pública podría reducirse a cero y, aun así, no sería suficiente para compensar el aumento en el gasto de transferencias del SGP”.

Estima que “el aumento anual propuesto de las transferencias durante diez años no tiene ninguna base objetiva. No parte de analizar las obligaciones de la Nación que no son transferibles ni las competencias o responsabilidades que las entidades territoriales asumirían. La propuesta carece de un análisis riguroso sobre las capacidades territoriales y las necesidades de financiación de los sectores que serían financiados por las mayores transferencias. Tampoco considera las fuentes totales que se utilizan para financiar sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico”.

Indica la presidenta de la CARF, que “esta reflexión deberá tener en cuenta también que el gobierno enfrenta múltiples necesidades de gasto adicionales tales como las de atender el déficit estructural del sector salud, las implicaciones de la reforma pensional, así como la financiación del gasto climático en el mediano y largo plazo”.

Efectos fiscales

Asimismo, señaló que espera que “en el debate del proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República se consideren cuidadosamente los efectos fiscales del Proyecto de Reforma al SGP y se busquen alternativas que fortalezcan la descentralización sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la Nación. Esta reflexión deberá tener en cuenta también que el gobierno enfrenta múltiples necesidades de gasto adicionales tales como las de atender el déficit estructural del sector salud, las implicaciones de la reforma pensional, así como la financiación del gasto climático en el mediano y largo plazo”.

Frenar el impacto

Por otra parte, y con el objetivo de poner en equilibrio competencias y recursos, sin colocar en riesgo las finanzas de la Nación, el Gobierno presentó un proyecto de ley complementario para reducir el impacto que dejaría la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) como hasta ahora cursa en el Congreso.

Este proyecto no solo ha causado controversia con los departamentos, sino que dentro del mismo gabinete hay diferencias entre el ministro del Interior, Juna Fernando Cristo, partidario del proyecto como está, y del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se opone a la iniciativa.

La cartera de Hacienda expresó la importancia de “aprobar la respectiva ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales dentro del debido análisis de sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la deuda y en el marco de las normas vigentes”.

El ministerio, indicó que los conceptos emitidos hasta el momento “se han realizado conforme a los textos aprobados en los respectivos debates, donde no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado. Esta preocupación, ampliamente manifestada, pretendía evitar llegar a un escenario donde la Nación tuviese que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias”.

Minhacienda, consideró que “la presentación, discusión y aprobación de una ley que permita poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación, es una forma de avanzar en los debates que ha suscitado el Proyecto de Acto Legislativo 437 de 2024 y que modifica el Sistema General de Participaciones”.

Transferencias

En otro orden, este proyecto que le faltan cuatro debates en el Legislativo, propone aumentar gradualmente la proporción de las transferencias a departamentos y municipios, pasando del actual 23,8% al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en los próximos diez años. Para 2036, este ajuste significaría que las transferencias del SGP alcanzarían el 8,4% del PIB, lo que representaría un incremento del 65% en comparación con el escenario actual.

Bajo este contexto, Fedesarrollo compartió su análisis a la iniciativa. Desde una perspectiva fiscal, el aumento en las transferencias proyectado en la reforma del SGP tendría un impacto negativo progresivo en el balance fiscal, elevando el déficit al 6,4% del PIB para 2036, en comparación con el 3,1% en el escenario actual. Como consecuencia, la deuda del gobierno superaría el límite del 71% del PIB establecido por la regla fiscal, lo que podría desencadenar una crisis fiscal. Esta situación incrementaría el costo del endeudamiento, afectaría negativamente el crecimiento económico y contribuiría a un aumento del desempleo y la pobreza.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo en un debate en la Comisión IV del Senado, que “un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

Ingresos

El ejecutivo reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, pero recomendó ajustar el proyecto de reforma para que la participación del SGP en los ingresos corrientes se incremente al 30%, en lugar del 46,5% propuesto. “Este porcentaje no solo supera el promedio histórico del periodo 2000-2019, sino que también se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, subrayó Mejía.

Fedesarrollo también enfatizó la relevancia de transferir competencias del Gobierno a los entes territoriales y de fortalecer la capacidad institucional de las entidades más rezagadas. Señaló que cualquier incremento en las transferencias debe estar respaldado por la implementación de mecanismos de evaluación y control más sólidos, además de incentivos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.

La quiebra del Estado

Con anterioridad, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, presidida por José Ignacio López, mencionó que el Acto Legislativo que propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones aumenten a partir de 2027 durante 10 años, hasta alcanzar una proporción fija de 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, generarían la quiebra del Estado.

La organización señaló que esa decisión ocasionaría un aumento de las transferencias, a lo que se añade una inflexibilidad presupuestal, eliminando el margen de inversión social del Gobierno y también de su funcionamiento.