Si algo ha quedado demostrado con creces en los últimos tiempos es la eficacia de la reforma que se hizo al Sistema Nacional de Regalías y que permitió una distribución más equitativa de los recursos provenientes de compensaciones por la explotación de recursos naturales no renovables. Como se sabe, ya ese monto billonario no se destina preferencialmente a las zonas productoras, sino que se redirige a todas las regiones del país, dando así la oportunidad de inversión y progreso a la totalidad de municipios y departamentos.
Si bien es cierto que se escuchan voces de inconformidad en aquellas zonas en donde el flujo de recursos se vio disminuido, lo cierto es que hay formas de amortiguar ese impacto sin que por ello sea necesario reversar un sistema que, como se dijo, ha evidenciado su efectividad en términos de equidad de inversión y oportunidades.
Por ejemplo, el Departamento de Planeación Nacional indicó días atrás que la misma reforma que creó el Sistema General de Regalías contempló un mecanismo de compensación para que en los casos en que los ingresos de regalías directas de las entidades territoriales se redujeran, estos pudieran compensarse mediante descuentos de su respectivo Fondo de Desarrollo Regional.
Y precisamente para cumplir con ese mandato, el Gobierno Nacional expidió un decreto que ordena dicha compensación por $ 339.281 millones. Esta decisión beneficiará a entidades territoriales en las que se explotan recursos naturales no renovables, es decir, 22 departamentos, 362 municipios y 3 distritos.
Según el decreto en mención, los beneficiarios de la compensación son aquellas entidades territoriales cuyas regalías directas en el año 2013 fueron inferiores al 50 por ciento de su promedio anual entre los años 2007 y 2010. Para ello, la Ley de Presupuesto del Sistema para el bienio 2013-2014 incluyó una partida específica para cada departamento en el que se descontó del Fondo de Desarrollo Regional.
De esta forma entre las entidades favorecidas por esta compensación están los departamentos de Huila, Tolima, La Guajira, Arauca, Casanare, Bolívar, Boyacá, Santander y Córdoba y los municipios de la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Montelíbano, Cartagena, Barrancas, Uribia, Puerto Boyacá y Neiva, entre otros.
Visto lo anterior, no parece lógico que desde algunos sectores parlamentarios y regionales aún se insista en presentar proyectos de ley y de acto legislativo con el único objetivo de reversar la reforma. Todo lo contrario, esos nichos políticos inconformes lo que deben hacer es redirigir sus esfuerzos a aprovechar los instrumentos que da el mismo Sistema. La idea es ser más proactivos y propositivos, para que los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) aprueben nuevos proyectos de inversión en esas zonas.
Ya lo advertía Planeación Nacional en febrero pasado, el hecho de que las regalías beneficien hoy a todos los colombianos con recursos superiores a los 12 billones de pesos, a través de 5.427 proyectos y la participación de todos los alcaldes, los gobernadores y la ciudadanía, hacen que su distribución sea equitativa y fundamental para una transformación profunda del desarrollo territorial en Colombia.
No hay pues que enfrascarse en debates que deben estar superados ante la evidencia de la efectividad de la reforma. En su momento advertimos que era preocupante que en la campaña al Congreso se escucharan propuestas de candidatos que prometían que una vez llegaran a las curules iban a presentar sendos proyectos para volver el Sistema al anterior modelo. Sin duda hubo en esas promesas políticas mucho de populismo y poco de objetividad. Es claro que el nuevo mecanismo de distribución no sólo es más eficiente sino que premia la estructuración objetiva de proyectos de amplio espectro, técnicamente sustentados y cabalmente ejecutados.