Si bien es cierto que la región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido históricamente golpeada por la violencia guerrillera, paramilitar y narcotraficante, lo ocurrido en el último mes es lo más grave en las últimas décadas. Los combates entre el Eln y las disidencias de las Farc no solo han dejado decenas de muertes (oficialmente se reconocen alrededor de sesenta, pero los pobladores hablan de más de un centenar y muchos desaparecidos), así como casi cien mil hombres, mujeres y menores de edad entre desplazados y confinados.
Un mes después del crimen de un trabajador funerario y su familia, que puso al descubierto la guerra sin cuartel que se estaba registrando en gran parte de los trece municipios de esta convulsa región, persisten muchos interrogantes que urgen ser despejados por el gobierno Petro y las autoridades de los órdenes nacional, regional y local.
De un lado, hay dudas en torno a si el Ejecutivo se demoró en reaccionar ante la gravedad de la crisis, al punto que solo el 25 de enero se emitió, finalmente, el decreto que declaró el estado de conmoción interior. Como lo indicamos en su momento, la cantidad de muertos, la sucesión de masacres y delitos de lesa humanidad, así como la oleada de población desplazada, constituían un hecho extremadamente peligroso y obligaba al Estado a tomar medidas extraordinarias urgentes.
En cuanto a si existían o no las causas de problemática sobreviniente e incapaz de ser afrontada con los mecanismos ordinarios del Ejecutivo y la Fuerza Pública, será la Corte Constitucional la que determine sobre el particular. Los magistrados ya tienen todas las pruebas e informes al respecto, por lo que se espera que en próximos días se emita el fallo respectivo. Aunque persiste la discusión sobre la procedencia o no del estado de excepción, hay que esperar que el máximo tribunal de guarda de la Carta Política se pronuncie, tal como lo explicó su presidente en entrevista en nuestra edición dominical.
Tras esa primera sentencia, se empezará a analizar, uno por uno, la pertinencia de los casi veinte decretos dictados al amparo de la conmoción. Aquí la controversia es aún mayor, ya que mientras algunos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales sostienen que algunas normas no tienen relación de causalidad ni consecuencia directa con la crisis del Catatumbo, y parecieran ir dirigidas a atacar flagelos de índole general, como la crisis fiscal del Gobierno nacional central, otros replican que sí hay conexidad comprobable. De nuevo, la palabra final la tendrán los magistrados.
Otro de los flancos en donde no hay respuesta clara ni efectiva es el relativo a cómo fue posible que el Eln pudiera desplazar, desde Arauca y otras zonas del país, a centenares de guerrilleros al Catatumbo con el fin de lanzar una operación de exterminio contra las facciones de disidencias, claramente inferiores en cantidad de hombres y armamento.
Con el pasar de las semanas resulta evidente que el desplazamiento de estos contingentes subversivos se dio por territorio venezolano, conocida la complicidad entre esta guerrilla y la dictadura Maduro. Pero incluso así, esto no explica por qué ni las Fuerzas Militares ni la Policía se percataron de la forma en que estos frentes volvieron a cruzar la frontera en Norte de Santander y entrar a sangre y fuego al Catatumbo. Tampoco se ha visto reclamo alguno del gobierno Petro al régimen chavista por una circunstancia tan grave y que genera tantas hipótesis sobre el objetivo real de esa espuria alianza.
Pero el principal interrogante, sin duda alguna, continúa siendo es cómo avanza el proceso de recuperación efectiva y estructural del control del territorio por parte de la Fuerza Pública y la institucionalidad en general. Ya son varias semanas de operativos castrenses a gran escala, con la participación, según lo indicó la semana pasada en el Congreso el renunciado ministro de Defensa, Iván Velásquez, de casi diez mil uniformados en la zona. Los reportes de la cúpula militar dan cuenta de la disminución de los combates entre las facciones ilegales, al tiempo que decenas de integrantes de las disidencias se habrían entregado a las tropas oficiales para evitar ser copados y asesinados por los elenos.
¿Continúan en la zona el millar de guerrilleros del Eln? ¿Por cuánto tiempo permanecerán esos diez mil militares y policías en la región? ¿Cuándo habrá garantías de seguridad para devolver a sus hogares a más de setenta mil personas desplazadas? ¿Cómo evitar que persistan el narcotráfico y la minería criminal, rentas millonarias que generaron esta guerra entre ilegales? ¿Cómo afectarán el escenario operacional y humanitario la renuncia del mindefensa, el cambio intempestivo en la Policía, la congelación de la negociación de paz con el Eln y el agravamiento de la crisis de gobernabilidad del mandato Petro?
Estos y muchos otros interrogantes siguen sobre la mesa. Mientras no se resuelvan, pensar en la recuperación territorial e institucional del Catatumbo será un imposible, más allá de si hay prórroga o no de la conmoción interior.