Si bien es cierto que algunos delitos de alto impacto han venido disminuyendo, otros registran un preocupante repunte, confirmando las alertas que gobernadores y alcaldes lanzan de manera constante en torno al deterioro del clima de seguridad, orden público y convivencia ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
Una prueba de lo anterior son las principales conclusiones del segundo informe del Observatorio de Seguridad, una instancia creada por el Consejo Gremial Nacional con el fin de evaluar la evolución de los principales indicadores de delincuencia y violencia en el país.
Dicho informe tiene aspectos positivos y negativos. Entre los primeros está, sin duda alguna, la disminución de los homicidios y las masacres durante el primer semestre de este año. Basados en el reporte del Ministerio de Defensa, se indica que los asesinatos (6.296) retrocedieron en un 3,2% frente a igual lapso de 2023 (6.501). Sin embargo, como también ocurre frente a otros delitos, las cifras reportadas por la Fiscalía señalan que la caída fue menor (2,4%). En cuanto a los homicidios colectivos, los datos del ministerio, el ente acusador y la organización no gubernamental Indepaz coinciden en que en el primer semestre hubo una reducción. Ahora, no hay que perder de vista que entre julio y septiembre se registró un repunte de estos casos, e incluso esta semana ya se reportaron dos matanzas.
El flanco más preocupante entre enero y junio de este año, volviendo con el citado informe del Observatorio, es la alerta por el aumento de delitos como los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como de la extorsión. Sobre los primeros la propia ONU advirtió la semana pasada del incremento de la victimización de este tipo poblacional, en tanto que la segunda conducta es, sin lugar a dudas, el flagelo más extendido a nivel urbano y rural en casi todas las regiones del país, registrando, además, un marcado subregistro por el temor de las víctimas a denunciar.
Otro de los aspectos que más llama la atención en este reporte creado por la cúpula empresarial se refiere a las diferencias de cifras que se evidencian entre algunas entidades sobre varias incidencias criminales. Uno de los casos más sintomáticos es lo que ocurre con los datos de secuestros. Mientras que el ministerio reporta una disminución sustancial de este delito en un 34,2% en el primer semestre, la Fiscalía dio cuenta de un aumento de 2,6% en el número de procesos nuevos que ingresan a la entidad por esta grave infracción penal.
Igual ocurre con los casos de terrorismo. La cartera castrense informó de una disminución entre enero y junio de 6,9%, pero el ente acusador reportó un incremento del 70% en el número de nuevas causas penales por esta actividad criminal. Más complicado resulta que una tercera fuente de información para medir la evolución de este delito, como lo es el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz (que maneja la Jurisdicción Especial de la Paz -JEP) advierte un aumento del 14% en las acciones terroristas en el mismo lapso semestral.
De hecho, el Observatorio de Seguridad recalca que el mencionado Mecanismo registra un “deterioro en prácticamente todos los indicadores de seguridad pública analizados”, no solo en los actos de terrorismo, sino también en atentados y tentativas de homicidio, hostigamientos, confinamientos poblacionales ordenados por grupos armados criminales, retenes ilegales, desplazamiento forzado masivo, así como de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de facciones delincuenciales.
No menos preocupante para el Observatorio es que si bien hay avances en seguridad ciudadana, como “una pequeña disminución en el número de homicidios” y el descenso de hurtos a personas, vehículos y residencias, los otros indicadores de violencia interpersonal y delitos contra la integridad aumentaron durante el primer semestre, especialmente en lo relativo a lesiones personales, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar.
Como se ve, el deterioro de la seguridad y el orden público continúa siendo la principal preocupación a nivel nacional. El optimismo que reflejan algunas cifras gubernamentales sobre una caída casi que generalizada en la incidencia criminal contrasta con reportes de la Fiscalía, la JEP y otras fuentes de información que, por el contrario, señalan que la mejoría no es tanta o que, incluso, determinadas actividades criminales están al alza.
Una vez más, como lo hemos reiterado en estas páginas, queda en evidencia que la delincuencia común y organizada está disparada en muchas regiones, poniendo contra la pared a la ciudadanía e incluso desplazando la autoridad legítima del Estado y su predominancia territorial. Lamentablemente una causa de este flagelo ha sido la accidentada y confusa política de “paz total”, sobre todo por los gaseosos acuerdos de ‘cese el fuego’ con grupos armados ilegales, las limitaciones al actuar de la Fuerza Pública y una estrategia de ‘mano blanda’ con la criminalidad, que deja a los civiles inocentes inermes ante los violentos.