Urge más articulación de sistema y agencias
Una de las causas del rebrote de la violencia
Un aporte fundamental que podría y debería hacer el gobierno Duque para fortalecer la seguridad sería consolidar un sistema de Inteligencia Estratégica. La reiterada ocurrencia de masacres, asesinatos selectivos, expansión de cultivos ilícitos, altos índices de criminalidad, expansión de grupos alzados en armas así como de tráfico ilegal de personas y mercancías en fronteras, especialmente en la de Venezuela, ilustran las graves deficiencias en esa crucial materia.
Las tareas de inteligencia en el ámbito estatal son una herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas al más alto nivel del gobierno y también para defender a la sociedad de amenazas internas y externas. Por ello la mayoría de los países cuentan con poderosos sistemas y agencias en este ramo.
En Colombia este asunto siempre ha estado fuertemente politizado y estigmatizado, en particular por las acusaciones que llevaron en 2011 a la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La resonancia de los escándalos que precipitaron su desaparición ha impedido hasta ahora el análisis sereno de la conveniencia de esa decisión y de la forma en que se implementó, ya que representó, entre otros aspectos, la pérdida de una experticia de muchos años de investigación, al tiempo que buena parte de los archivos y de la información confidencial y de seguridad nacional quedó expósita.
Con asesoría de la CIA, el Mossad israelí y el M16 británico, la administración Santos fundó en 2011 la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), orientada, en principio, a tener una composición predominantemente civil, con alcance nacional e internacional, para generar conocimiento que apoyará las decisiones de seguridad nacional. Hay también divisiones de inteligencia en el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que tienen grupos experimentados y exitosos en sus respectivos ámbitos, comparativamente superiores con el promedio sus pares en la región. También existe la UIAF, a cargo de la inteligencia del Estado en materia económica y financiera.
Pero a la luz de los problemas de inseguridad y orden público, es evidente que hay deficiencias. Los problemas comienzan porque por la falta de un liderazgo de alto nivel, estos organismos no actúan en forma articulada. Hay duplicidades y fragmentación funcional, no se persiguen objetivos comunes y, salvo circunstancias excepcionales, tampoco comparten experiencias ni información. La ausencia de un enfoque estratégico conlleva el desperdicio de recursos y afecta gravemente las posibilidades de lograr grandes resultados. Es un error que viene de las propias normas: la Ley Estatutaria de Inteligencia (1621 de 2013) y su decreto reglamentario (857 de 2014) no definen ni precisan las herramientas para implementar Inteligencia Estratégica en Colombia. Pese a esas y otras imperfecciones la inteligencia ha tenido una importante evolución en los últimos años, gracias al mayor gasto del gobierno y al impacto del Plan Colombia, que hicieron posibles resultados sin antecedentes como la operación ‘Jaque’ para liberar a Ingrid Betancourt y otros secuestrados o las operaciones ‘Fénix’ y ‘Sodoma’, donde fueron abatidos jefes de las Farc, entre muchas otras.
El problema para la administración Duque es que no ha logrado ningún resultado de esa envergadura y, en cambio, enfrenta una aguda división en las Fuerzas Militares derivada de los ecos del acuerdo de paz con las Farc. En los dos años de este Gobierno se acentuó la ocurrencia de errores de extrema gravedad, como las fallas de seguridad que facilitaron el atentado del Eln a la Escuela de Cadetes General Santander en 2019, el bombardeo de la Fuerza Pública a un campamento guerrillero en el que murieron menores en noviembre de ese mismo año, el asesinato continuo de desmovilizados y líderes sociales así como los nuevos casos de interceptaciones ilegales desde organismo de inteligencia castrenses. También se han dado casos de corrupción, que son la fuente principal de desprestigio para estas agencias: irregularidades en contratación y filtraciones a la prensa, en particular de la operación ‘Bastón’, un insólito caso de contrainteligencia, resumido en un dossier con denuncias de corrupción al interior del Ejército.
Articular un sistema de Inteligencia Estratégica parte por corregir los vacíos y las imperfecciones de la normatividad. Solo así se pueden precisar jerarquías, competencias, mecanismos y espacios de cooperación, así como fijar límites a los métodos de vigilancia, valoración y procesamiento de la información. De igual manera se puede penalizar severamente las fugas y filtraciones y desterrar las interceptaciones sin orden judicial. También se podrían generar mecanismos de control y auditoría de los gastos reservados y reorganizar la DNI, donde predomina el personal de apoyo sobre el operativo.
Un sistema profesional, confiable y eficiente de Inteligencia Estratégica es, como se ve, vital para la seguridad, en especial en el objetivo de identificar y contrarrestar las dinámicas de las múltiples amenazas criminales, de vieja y nueva data, que enfrenta la sociedad. Es indispensable para lograrlo que el Presidente asuma esta tarea como un reto personal y que ponga fin a la tendencia a improvisar así como a la autonomía lesiva de las agencias de este campo. Una reingeniería que se ha prometido y avanzado muchas veces, pero que continúa sin concretarse.