El deterioro de la seguridad y el orden público en el país no se detiene. Por el contrario, el accionar de los grupos armados ilegales, así como del resto de facciones de delincuencia común y organizada sigue creciendo, por lo que la victimización de la ciudadanía y la Fuerza Pública aumenta preocupantemente.

Una prueba de esto último es lo ocurrido en los últimos días, cuando seis militares y un teniente de la Policía han resultado asesinados en operativos contra la guerrilla del Eln y el ‘Clan del Golfo’.

El caso más grave se registró ayer en zona rural de Anorí (Antioquia), en donde cinco integrantes del Ejército resultaron muertos luego de ser blanco de un ataque con explosivos por parte de un frente del Eln en inmediaciones de un “Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación”. Es decir, zonas en donde están ubicados guerrilleros desmovilizados de las Farc.

Resulta claro que el Eln, con el que el gobierno Petro acaba de descongelar la mesa de negociación de paz, no tiene voluntad alguna de acabar con la guerra ni el asesinato de civiles, militares y policías. Por el contrario, desde que se retomaron las tratativas en Caracas, desató una escalada demencial de acciones violentas que incluyeron hasta un ‘paro armado’ en Chocó la semana pasada, en plena crisis invernal.

En cuanto al ‘Clan del Golfo’, la muerte ayer de un soldado en Pueblo Nuevo (Córdoba) se produce apenas días después de que el Gobierno, en otra medida controvertida, designara a la mayoría de los integrantes de la otrora cúpula paramilitar desmovilizada −gran parte de ellos condenados y extraditados a Estados Unidos− como “gestores de paz”. Una de sus funciones sería, precisamente, entrar en contacto con ese tipo de estructuras neoparamilitares para gestionar un proceso de negociación y sometimiento a la justicia.

Como se ve, mientras que desde la Casa de Nariño se insiste peligrosamente en la mano tendida a los grupos armados ilegales, estos responden con más violencia, arrinconando a la población civil e incrementando la cuota de sacrificio de las Fuerzas Militares y de Policía.

Lamentablemente, desde las altas esferas gubernamentales no se no corrigen las evidentes falencias de la accidentada política de “paz total”, que hace agua por todos sus flancos, como tampoco se procede a ajustar una política de seguridad y orden público que se está viendo cruentamente superada en muchas regiones por la delincuencia de toda laya.