* El pleito del diésel

* ¿Para cuándo la política integral?

El país acaba de sortear una de las semanas más difíciles en este ya de por sí peliagudo 2024: el paro que llevaron a cabo miles de camioneros y transportistas entre lunes y viernes en la madrugada. Y que fue precisamente una de esas típicas jornadas que pudo haberse evitado si en verdad se hubiera aplicado una concertación adecuada, con un cronograma y agenda puntuales desde el primer momento.

No fue así. Incluso, ya cuando el gobierno tuvo el paro encima, pudo haber exclamado al estilo del Quijote, a quien tanto suele traer a colación: “¡Con la Iglesia topamos, Sancho!”. Lo que de antemano era presumible, al menos desde el punto de vista político, entendido el terreno sensible que pisaba al bajar abruptamente el subsidio del diésel utilizado por la gran mayoría del transporte de carga y pasajeros en el país, a todos los niveles. Todavía más tras haber proclamado en la campaña presidencial que jamás incurriría en una conducta de este tipo, lo cual debió granjearle no pocos votos del sector al candidato hoy en el solio.        

Por su parte, el acuerdo logrado el viernes en la madrugada entre el gobierno y los líderes de la protesta, luego de ingentes costos para el país, terminó teniendo una dimensión de mínimo alcance frente a las pretensiones iniciales del Ejecutivo, con evidente sabor a derrota. El alza de 800 pesos en el precio de galón de diésel, con un primer reajuste ahora de 400 pesos y el segundo por el mismo monto a comienzos de diciembre, bien pudo haberse convenido durante las más de 13 reuniones que sostuvieron las partes en el último año, sin necesidad de paro. Muy posiblemente, inclusive, logrando una cifra concertada superior y sin la notoria obsesión gubernamental de llenar las arcas afanosamente y a como dé lugar.

De hecho, por esa vía, frente a los seis mil pesos de ajuste global por galón que había anunciado el gobierno a los cuatro vientos, escasamente se llegó a poco más del diez por ciento. Que, por lo demás, no alcanza ni a cubrir los índices de inflación desde que el precio fue congelado a raíz de la pandemia del coronavirus. Es más, si la semana pasada antes de proceder –el sábado– a expedir un intempestivo decreto que incrementaba el precio en el primer reajuste semestral de $1.904 la administración hubiera propuesto la fórmula de un incremento gradual antes de diciembre, seguramente se habría podido llegar a algún tipo de acuerdo provisional y el paro no se habría declarado ni el país hubiera terminado paralizado.

En tanto, planteado el pulso en la calle (tal como le gusta o suele incitar el gobierno para otros menesteres) y roto el diálogo con la emisión del decreto, la protesta se extendió a más de 250 puntos, con limitación de la movilidad vial en 23 departamentos. En ese orden de ideas, la parálisis nacional en muchos flancos, con el malestar social de por medio durante más de cuatro días, terminará pasando factura. En efecto, desde ya se prevé que tendrá consecuencias en el rendimiento del tercer trimestre y la inflación de septiembre.

Tampoco es comprensible por qué en ese número de reuniones no se aterrizó ni avanzó, aparte de las necesarias conversaciones sobre el diésel, en la amplia agenda de ajuste estructural del sector. La misma que, sin embargo y sorpresivamente, sí terminó incluida en el acta de levantamiento de la protesta el viernes en la madrugada. Porque si bien el diésel es una parte del problema, inclusive como consecuencia de una cultura ya arraigada en el país, no es menos cierto que igual importancia tienen los fletes, la renovación del parque, la canasta de insumos, así como las necesidades de otros subsectores atinentes. Además de una política integral que incluya lo que hoy se debate en el mundo, es decir, los mecanismos para la transición energética sectorial, la descarbonización y la expansión del transporte multimodal. 

No es pues, de otro lado, un asunto exclusivo de cómo se suplen en un dos por tres los problemas de caja del gobierno de turno, sino de la buena ejecución de los recursos presupuestales disponibles; de reducir (no de maquillar) los innecesarios y abrumadores gastos en burocracia, entre otros; de realizar las inversiones dentro del marco fiscal y el presupuesto preciso aprobado en el Congreso; y claro está, y ante todo, de poner coto a la corrupción reinante.  

A no dudar, Colombia cierra una semana crítica, donde las lecciones han quedado a flor de piel: tanto por la agenda sectorial e integral que se necesita con apremio, como porque una política de esa magnitud no puede tener de base sino la concertación, de suyo, propiciada y articulada por el gobierno, sin preposteraciones