No tiene sentido alguno plantear la posibilidad de implantar en Colombia la elección popular de jueces y magistrados, como quiso darlo a entender el presidente de la República el lunes pasado en el marco del acto de posesión de una magistrada del Consejo de Estado. No solo se trataría de una grave afectación al principio de la separación de las tres ramas del poder público, que es la base de la estructura del Estado Social de Derecho, sino que, además, una figura así iría en contra de la tradición democrática e institucional de nuestro país, madurada por más de dos centurias.
Paradójicamente, ya en algunos círculos políticos y jurídicos locales se había advertido en semanas recientes que el presidente Petro no tardaría en poner sobre la mesa este debate, haciendo eco a lo ocurrido el mes pasado en México, en donde el parlamento dio luz verde al proyecto impulsado por el Gobierno del ahora exmandatario de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa, como se recuerda, fue aprobada por un Congreso de mayorías gubernamentales, pese a que tanto el poder Judicial como otras instancias políticas, económicas, sociales e institucionales de la nación centroamericana advirtieron de la inconveniencia de abrir semejante boquete a la politización de la justicia. La ONU, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (principales socios comerciales de México), las firmas calificadoras de riesgo, inversionistas y otras instancias foráneas también alertaron la inconveniencia de dicha reforma y las graves implicaciones a corto, mediano y largo plazos.
De hecho, por más que la iniciativa fuera impulsada por su páter político, a la nueva mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, le ha tocado marcarle prudente distancia a la norma aprobada y de allí que tanto en su discurso de posesión la semana pasada como en sus primeros pronunciamientos mediáticos ha reiterado que la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada en su país no están en peligro.
Si ya en México la elección popular de jueces y magistrados es calificada como insólita (de hecho, existe en muy pocos países), en Colombia plantear siquiera una discusión sobre tan controvertida materia recibió un rechazo generalizado en múltiples sectores. La autonomía e independencia judicial son columna vertebral de nuestro modelo constitucional y sistema legal. Múltiples batallas políticas e institucionales se han dado para salvaguardar esta premisa del Estado de Derecho y la democracia cuando algún agente gubernamental o particular ha tratado de lesionar ese principio. Visto ello, resulta claramente desafortunado que el propio presidente de la República se arriesgue a poner sobre la mesa una idea tan peregrina y desafortunada.