* Sino trágico de la campaña electoral
* Nuevas reglas de juego para 2012

Sin  duda el tema de la actual campaña regional ha sido el de la corrupción. Se pensó que podía tomar otras vertientes, igualmente importantes, como la seguridad o el desempleo, pero la verdad es que la gente está hastiada con la manera en que se han enquistado las corruptelas en las administraciones regionales.

Lo ocurrido con los llamados a interrogatorio a 17 concejales de Bogotá, especialmente del Partido de La U, es demostrativo de que el denominado “carrusel de la contratación” iba mucho más allá y alcanzó a inficionar diferentes áreas del Gobierno capitalino. Seguramente por ser un simple interrogatorio algunos concejales saldrán perfectamente libres de todo mal, pero de antemano puede suponerse que otros tendrán que responder por circunstancias que podrán imputárseles, de acuerdo con lo señalado por uno de los testigos de cargo, el ex representante Germán Olano, quien en sus declaraciones a la Fiscalía para rebajar su pena denunció que conocía de graves temas en los contratos de hospitales y proveeduría de drogas en el Distrito.

Pero el tema de la corrupción no es solamente regional. Tal como lo señaló el ex presidente Andrés Pastrana en entrevista a El Espectador, la corrupción es el gran mal que afecta la política. Es innegable que muchos partidos y movimientos terminaron cooptados no sólo por redes mafiosas y alianzas macabras con grupos armados ilegales, sino que la debilidad de los mecanismos internos de las colectividades para asegurar la transparencia de sus representantes y candidatos a cargos de elección popular, llevó a una sinsalida en la que el servicio público perdió esa majestad y espíritu de servicio y primacía del interés general, para convertirse en un vehículo de riqueza rápida y toda clase de trapisondas para beneficio particular. La feria de los avales estuvo a la orden del día, y los vacíos de la legislación electoral son tan graves que el próximo domingo llegarán a las urnas aspirantes a los que su propio partido trató tardíamente de quitarles el respaldo pero no fue posible. Sin duda se trata de un caso sui generis en el mundo.

Lo cierto es que la corrupción hizo metástasis en todo el aparataje estatal colombiano y la competencia por el relevo en las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales no ha sido ajena a este mal. Pese a todos los esfuerzos de la organización electoral, hay decenas de municipios con nivel de “alto riesgo” en materia de anomalías y delitos contra el sufragio. Sería ingenuo negar que pese a los cambios y ajustes al sistema electoral, algunos de los cuales fueron presentados en su momento como la panacea para evitar fraudes y prácticas clientelistas, terminaron siendo desbordados por complejas redes que, como se dice popularmente, aplican a rajatabla el refrán popular que sugiere hecha la ley, hecha la trampa…

La corrupción ha demostrado ser un monstruo de mil cabezas. La misma Procuraduría advertía semanas atrás que este flagelo le cuesta anualmente a los colombianos 12 billones de pesos. Si bien es cierto que desde distintas instancias se han aplicado múltiples herramientas para frenar el desangre de dineros públicos y la trampa en el servicio público, ha sido imposible erradicar esta tragedia.

Es claro que quienes asuman los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales en enero próximo estarán sujetos a nuevas reglas del juego en materia normativa, como el Estatuto Anticorrupción o la reforma al régimen de regalías, en tanto que están en proceso de discusión proyectos de ajuste a los regímenes seccional y local. Lo importante es que tanto las leyes y actos legislativos ya vigentes como los que deben aprobarse en pocos meses, no se queden en el papel y haya la suficiente voluntad política e institucional para aplicarlos con toda la drasticidad del caso. De lo contrario será necesario acudir a herramientas de mayor alcance como la propuesta de aplicar la sanción de silla vacía a los integrantes de cuerpos colegiados que sean investigados por delitos relacionados con la corrupción.