Uno de los activos más valiosos de Colombia ha sido la confiabilidad de su sistema de generación energética, ya sea con base en la cadena hidroeléctrica, térmica o del parque, pequeño, pero creciente, de plantas solares, eólicas y de otras fuentes limpias.

Sin embargo, esa seguridad en la generación, comercialización y suministro de agua, luz y gas se ha deteriorado en los últimos dos años. Por un lado, por cuenta de la controvertida política gubernamental enfocada en marchitar la exploración y explotación de combustibles de origen fósil. Y, por otro, debido a contingencias climáticas, como las de los fenómenos del Niño y la Niña, que alteran los ciclos estacionales secos e invernales y aumentan la presión sobre los niveles de los embalses y cuencas hídricas que alimentan la cadena hidroeléctrica y los acueductos.

Prueba de ello es que este 2024 comenzó con la última fase del Niño a bordo, que produjo una ola de incendios forestales y sequías, y terminará con una Niña que, aunque debilitada, está incrementando las lluvias. Sin embargo, los niveles de los embalses no se han recuperado, ya que el 57% de promedio nacional es deficiente para afrontar la primera temporada seca del 2025.

Precisamente, por ello hay racionamientos de agua en algunas zonas. El caso más notorio es Bogotá y la región circundante. Y en cuanto al servicio de energía, no ha sido necesario acudir a cortes porque las termoeléctricas están funcionando a su máxima capacidad, supliendo el aporte deficitario de la cadena hidroeléctrica.

Ahora, las térmicas funcionan con carbón y gas. No obstante, la disponibilidad de este último mantiene las alarmas prendidas en los últimos meses. Un panorama aún más confuso por las versiones contradictorias del Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, gremios, comercializadores y distribuidores. Un día se indica que las reservas han disminuido al punto que no solo será necesario importar gas, sino que el riesgo de un racionamiento a la industria, comercio, transporte y hogares sería inminente. Pero en la jornada siguiente la versión cambia: la situación ya no es tan crítica, no habría necesidad de traer gas desde el exterior y están descartados los cortes…

Ese escenario confuso se repite esta semana. Por una parte, el ministro de Minas y Energía destacó que el mantenimiento preventivo de la planta de regasificación en Cartagena concluyó exitosamente y sin un segundo de racionamiento. Paradójicamente, días antes esa misma cartera había alertado de cortes del servicio preventivos en varias regiones, pero luego reversó el anuncio.

Se recalcó, además, que este trabajo en la planta cartagenera no solo garantiza el correcto funcionamiento de la infraestructura, sino que refuerza la operación segura del sector eléctrico en 2025. Es decir, que el riesgo de un apagón o de cortes en el gas quedaría descartado. Incluso se destacó que un informe de la Bolsa Mercantil de Colombia confirma un aumento significativo en la cantidad de gas natural disponible durante el próximo año. Por lo mismo, aunque se está trabajando en la opción de gas importado, todavía no es necesario.

En cierto modo, tanto gremios como Naturgas advierten que Colombia debe importar gas desde ya, sobre todo mientras viabiliza proyectos de exploración costa afuera −algunos frenados por licenciamientos y consultas previas− que garanticen el abastecimiento seguro. Incluso se alertó que los cálculos gubernamentales sobre reservas son débiles porque contabilizan yacimientos aún en fase de prueba. En ese orden de ideas, con un déficit que podría llegar al 12% de la demanda total, el riesgo de problemas en el suministro sigue latente, sobre todo por el vencimiento de contratos el 1 de diciembre.

Así las cosas, no solo sería necesario acudir a la importación de 40 millones de pies cúbicos de gas natural (que sería más caro y golpearía el bolsillo de los hogares), sino aplicar urgentemente ajustes regulatorios en el sector, sobre todo para que los distribuidores y comercializadores compren gas de campos de prueba.

¿Quién tiene la razón? Por tratarse de temas tan técnicos es muy difícil establecerlo. Sin embargo, desde el Gobierno y el sector privado es imperativo que se acuerde un solo mensaje al país. La ‘Torre de Babel’ en cuanto a si hay riesgo alto de apagón y racionamiento de agua y gas dispara las alarmas en múltiples flancos, incrementa la incertidumbre en una economía de lento despegue y preocupa a toda la población. Urge, entonces, que el Ejecutivo y el sector energético unifiquen criterios, crucen cifras y den un parte real y objetivo sobre el verdadero nivel de crisis en el sector energético.