Tres situaciones quedaron claras en el debate sobre el Ministerio de Igualdad y Equidad en la plenaria del Senado. En primer lugar, que la ineficiencia de esa entidad es inédita dentro del Estado colombiano, no solo porque a septiembre la ejecución presupuestal no llegaba ni al 2%, sino porque no hay claridad sobre la viabilidad ni funcionalidad de los proyectos y programas en que deben invertirse los 1,4 billones asignados a esa cartera este año.

En segundo término, es evidente que ni la titular de dicho ministerio, la vicepresidenta Francia Márquez, como tampoco la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia, respondieron en el debate los interrogantes de los senadores citantes. Por el contrario, se limitaron a hacer exposiciones y diagnósticos socioeconómicos que no venían al caso, por cuanto lo que se quería establecer era por qué la cartera era tan ineficiente en materia de inversión social tangible, al tiempo que tiene una nómina y gastos administrativos tan costosos.

También se puso de presente lo que desde el momento de la creación de este ministerio fue evidente y suficientemente advertido por sectores políticos, económicos, sociales e institucionales: que el Gobierno y sus, entonces, mayorías parlamentarias procedieron de forma afanosa, irresponsable y antitécnica a dar vía libre a una entidad con facultades y competencias difusas. Una cartera que, bajo la misionalidad teórica de coordinar toda la política pública de lucha contra la desigualdad, pobreza y exclusión social, terminó invadiendo programas, proyectos y campos funcionales de otros ministerios, agencias, institutos y departamentos administrativos. Lejos de convertirse en una entidad dinamizadora, desembocó en una institución que genera cortocircuitos y duplicidad de funciones muy graves para la marcha y eficacia administrativa.

La falta de respuestas contundentes de Márquez y Sarabia, así como las controversias y quisquillosidades de rango menor que marcaron el debate, llevaron a que varios congresistas advirtieran que lo más procedente era forzar al Gobierno a que, acorde con el fallo de la Corte Constitucional que en mayo pasado declaró inexequible la ley que creó este ministerio por no haber contado con un aval de impacto fiscal preciso, lejos de presentar un nuevo proyecto para mantener la vigencia de la cartera, mejor opte por liquidarla.

Un ejemplo más de la tendencia del Ejecutivo a la improvisación administrativa y presupuestal en el manejo de la cosa pública y en el cumplimiento, paradójicamente, de las metas más importantes de su Plan Nacional de Desarrollo.