A comienzos de diciembre pasado la Procuraduría denunció lo que calificó como “alarmante aumento del 223,52%” en la deforestación de la Amazonía, citando cifras del Ideam. Se alertó sobre un panorama cada vez más crítico por cuenta de flagelos violentos como la expansión del narcotráfico, minería ilegal, acaparamiento de tierras y otras actividades que tienen detrás el accionar de grupos armados ilegales y bandas criminales de alto espectro.
Para evidenciar que la depredación del principal bioma ambiental del mundo, en el que Colombia es responsable de una parte no menor de la cuenca, el ente de control advirtió que desde 2001, con excepción del 2023, se habían reportado pérdidas de bosque por encima de las 110.000 hectáreas anuales. Incluso se calculó que 2024 estaría cerrando con no menos de 100.000 hectáreas deforestadas.
Y, como si lo anterior fuera poco, el Ministerio Público denunció otro tipo de problemáticas, como el avance de la ganadería extensiva, sobre todo en terrenos de los parques nacionales, la construcción de miles de kilómetros de vías ilegales, tala de bosques, acaparamiento de tierras, expansión desordenada de la frontera agrícola, titulación irregular de predios, minería criminal, tráfico de fauna y flora...
Es un panorama muy complejo y desalentador, principalmente, si se tiene en cuenta que los últimos gobiernos han implementado medidas nacionales y hecho parte de planes y acuerdos trasnacionales para proteger el llamado “pulmón del mundo”. Es claro que hay avances, pero se está muy lejos de un blindaje suficiente a la cuenca en el lado colombiano.
Es obvio que urge redoblar esfuerzos. Por lo mismo resulta positivo que, como lo explicó en entrevista dominical en este Diario el director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, general José James Roa, se piense en crear un observatorio de delitos que permita hacer una mejor caracterización de las amenazas contra la Amazonía. Paralelo a ello, la Fuerza Pública viene realizando controles más exigentes en todo el nodo amazónico para contrarrestar estructuras criminales de toda laya. Se cuenta, además, con mayores recursos, personal, apoyo tecnológico, así como normatividad y facultades para cumplir con esta misión. Esto dio lugar a que el año pasado en que en esta región se lograran 1.539 incautaciones de fauna, 37.311 de flora, más de cuatro mil metros cúbicos de madera, 5.662 hidrobiológicos y 354 capturas por delitos ambientales...
Lo importante, en todo caso, es que el blindaje a la Amazonía se refuerce día tras día con planes integrales y verificables. Es una misión vital del Estado colombiano.