EL SERVICIO Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa siendo la manzana de la discordia en el Congreso de la República, ya que, en medio de las discusiones de la reforma laboral, se busca por parte del Pacto Histórico que esta iniciativa le exija a las empresas que permitan la práctica laboral a los estudiantes de esta institución por medio de un contrato formal.
Razón que ha desatado una controversia entre los representantes Catherine Juvinao de la Alianza Verde, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, ya que desde la bancada de Gobierno se advierte que los estudiantes tienen derechos laborales, mientras que las colectividades de oposición opinan que por contratos temporales no se pueden generar mayores cargas tributarias a las empresas.
Inicialmente, la representante Juvinao señaló que “el Pacto Histórico es politiquero hasta con el SENA y sus aprendices: hacen una propuesta insostenible (buscando votos) aun cuando saben que los perjudicarán aumentando la monetización (cuota que pagan las empresas para no contratarlos), reduciendo su vinculación a las mismas”.
De la misma manera, agregó que “nuestra propuesta en cambio es un gana-gana para las partes, más viable de aprobarse y por eso los ponentes la atacan: establecemos salario mínimo y seguridad social para los aprendices sin comprometer la sostenibilidad de las mipymes, generadoras del 90% del empleo en el país”.
A su turno, el representante Alfredo Mondragón advirtió que “la representante Juvinao dice defender a la juventud, negándole precisamente los derechos de dignidad laboral y es lo mismo que propuso Germán Vargas en la época de pandemia cuando dijo que los trabajadores deberían quedarse sin prima en 2020”.
Así mismo, Mondragón controvierte a Juvinao cuando la congresista indicó que “es una absoluta mentira, una bajeza y una vulgaridad. Que el representante Mondragón diga que esta proposición despoja de los derechos laborales cuando genera todo lo contrario”.
Según lo que explicó el representante del Pacto Histórico, “el 23 de septiembre, Catherine Juvinao y Katherine Miranda, presentaron una proposición en el segundo debate de la reforma laboral para que se eliminara el carácter laboral al contrato de aprendizaje, pidiendo que no sea laboral a término fijo ni regido por las normas del código de sustantivo del trabajo. Lo que significa es que a los practicantes del SENA y muchos otros, no les paguen los subsidios de transporte ni los aportes a las cajas de compensación, como tampoco las demás prestaciones”.
En ese sentido, los ponentes explican que las pequeñas empresas no están obligadas a proporcionar contratos de aprendizaje y que estos costos solo se incrementan en el 1%, para las grandes empresas, quienes llevan a cabo el 65% de contratos de aprendizaje, y que si los estudiantes no tienen ingresos se aumenta la deserción en estos programas.