La tensión que existe desde hace semanas por la invasión de particulares de tierras privadas, en diferentes departamentos, creció en las últimas horas tras el pronunciamiento que hizo el Gobierno nacional rechazando estos procedimientos, al tiempo que el ministro de Defensa ordenó a la Policía proceder a la recuperación de estos bienes dentro de las 48 horas que establece la ley.

El presidente Petro se ha comprometido con una reforma rural y con entregar tierra a los campesinos más pobres, por un lado, con los baldíos de la Nación, y por el otro, con los terrenos en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), producto de extinción de dominio a narcotraficantes; y en tercer lugar, con tierras que serán compradas en un futuro por el Gobierno.

En ese sentido, el Ejecutivo no avala la toma de tierras privadas; por el contrario, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que esto afecta la política de distribución que se tiene prevista.

En lo que va del año se ha registrado al menos medio centenar de episodios de toma de tierras en distintos departamentos, lo que se ha visto exacerbado tras la asunción de Gustavo Petro al poder.

Las comunidades indígenas tienen que ver con buena parte de la toma de tierras, en departamentos como el Cauca.

El exsenador indígena Feliciano Valencia dijo, consultado por  EL NUEVO SIGLO, que “quienes están haciendo ese proceso de reclamar sus derechos no son invasores, son pueblos saqueados, son pueblos dominados, son pueblos en vía de exterminio. No lo estamos diciendo nosotros, lo ha dicho la Corte Constitucional. Por lo tanto, no aceptamos de nadie ese término de invasores, somos despojados y por eso estamos reclamando que se nos resarzan nuestros derechos”.

De igual forma, dijo que “fue un desacierto para mí el anuncio del señor ministro de Defensa en presencia de la ministra de Agricultura y demás funcionarios del Gobierno, incluida la señora vicepresidenta, salir a dar un ultimátum a las justas reclamaciones de pueblos históricamente avasallados”.

Valencia agregó que esas reclamaciones hacen parte de acuerdos incumplidos a los indígenas desde 1986 hasta la fecha. “Por eso la gente tiene que acudir a las vías de hecho para que el Estado nos pare bolas”, señaló. 

Agregó el líder indígena que ojalá el Gobierno antes de dar este ultimátum “hubiera venido y haber dicho: ‘hablemos a ver cómo superamos este tema’”.

Por su parte, la ministra Cecilia López reafirmó ayer que “el Gobierno ha sido muy claro, estamos exigiendo que se paren estas invasiones a propiedad privada. Esto es violar las leyes y le están quitando al Gobierno el espacio político para hacer lo que siempre han esperado: una reforma rural integral que distribuya la tierra y apoye con todos los elementos que se necesitan para que puedan ser productivos esos pequeños terrenos que han carecido de ese apoyo”. Advirtió López que “en este Gobierno se privilegia el diálogo, pero hemos visto que no es suficiente. Vamos a actuar según lo permiten las normas con la Fuerza Pública”.