ENS: ¿Cómo entender las diferencias de cifras que se evidencian entre algunas entidades sobre varias incidencias criminales?
DANIEL MEJÍA: Son bases de datos que contienen información diferente, lo del Ministerio de Defensa son reportes principalmente que vienen de datos de la Policía y que muestran los registros de denuncias por diferentes delitos que conoce la Fuerza Pública. Las de la Fiscalía corresponden a noticias criminales que abre el ente por la comisión de delitos. En homicidios hay unas pequeñísimas diferencias, quizás por cobertura del conocimiento que tienen las diferentes entidades en los territorios.
La diferencia más grande está en terrorismo, que está marcada desde que comenzó la labor del Observatorio de Seguridad. Lo que yo he evidenciado en algunos casos particulares que tengo documentados es que mientras que la Fiscalía abre una investigación de un atentado terrorista que se materialice o no, en varios casos el Ministerio de Defensa solo reporta, el caso de terrorismo si el atentado se consuma, es decir, si explota el paquete. Esa no es la definición de terrorismo que está en el Código Penal y eso es delicado.
ENS: Frente al primer reporte del Observatorio de seguridad, ¿que mejoró y que empeoró?
DM: Las cifras que se tienen son muy parecidas, por ejemplo, las cifras de homicidios están constantes o disminuyendo levemente. Hay un aumento muy marcado en acciones terroristas, masacres, extorsión y secuestro. Hay un deterioro muy grande de las condiciones de seguridad, y las cifras lo muestran de manera clara. Aunque el Ministerio de Defensa crea que son la única fuente de información, realmente no lo son y cuando se contrastan las fuentes es evidente que lo único que está más o menos quieto son los homicidios.
ENS: ¿Qué hay que hacer para que se tenga una matriz informativa confiable sobre la evolución de la criminalidad en Colombia?
DM: Se supone −y así lo dice el Ministerio de Defensa− que tienen mesas de conciliación de cifras con la Fiscalía, pero sí las tienen, por qué las cifras que entrega la Fiscalía formalmente son diferentes.
Ellos (Ministerio de Defensa) en algún momento argumentaron que a nosotros la Fiscalía nunca nos había entregado cifras. Yo les respondí mostrando los correos de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Fiscalía entregando las cifras, por lo que no pueden decir que las estamos inventando.
Claramente, la situación de seguridad no está mejorando en Colombia y, por ende, las entidades deben trabajar en una conciliación de cifras, por lo menos en los delitos más graves como homicidio, extorsión, secuestro y atentados terroristas.
No es lógico que el Ejecutivo y la Rama Judicial, que en este caso es la Fiscalía, estén entregando cifras diferentes. Me sorprende en particular que el delito de terrorismo, que está aumentando significativamente de acuerdo con los datos de la Fiscalía y la JEP, registe cifras diferentes según el Ministerio de Defensa.
Hay que preguntarle al ministerio por qué no está contabilizando casos de atentados terroristas no consumados. Eso es muy delicado. Yo lo tengo documentado. En varias partes como el Cauca, el Valle y Bogotá examinamos 10 o 12 casos de intento de atentado terrorista que no se consumaron, y aunque la Fiscalía abrió la noticia criminal, el Ministerio de Defensa no los está reportando.
ENS: ¿Qué es más grave hoy en Colombia, el desorden público o la inseguridad ciudadana?
DM: Se está deteriorando mucho más la seguridad pública. Hay algunas medidas de seguridad ciudadana que están mejorando como los diferentes tipos de hurto en las principales ciudades del país, pero en seguridad pública sí vamos muy mal.
Se nota un cambio fundamental en las cifras de las principales ciudades del país en los temas de seguridad ciudadana, está mejorando en homicidios, en hurto a personas, hurto a establecimientos y ese cambio se notó este año por los nuevos mandatarios que llegaron.
En Bogotá en algunos casos las cifras son mejores y en otros peores, pero son mandatarios que le han puesto más atención a los temas de seguridad, y de hecho por eso fueron elegidos. En temas de seguridad pública, que le corresponden mucho más al Gobierno nacional, el deterioro está mucho más marcado este año.
ENS: Los reportes de las autoridades alertan sobre un aumento de la extorsión, pero en porcentajes muy bajos frente a la realidad que se vive en el día a día de muchos municipios y ciudades, ¿por qué pasa esto?
DM: Por la tasa de reporte, puesto que el delito de más bajo reporte de denuncias es la extorsión. La gente prefiere en ese análisis individual pagar los 20, 30 o 50.000 pesos diarios antes que reportar a las autoridades. Pero con todo y eso está aumentando, es decir, es una señal de alerta.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa al cierre del primer semestre, la extorsión estaba aumentando el 27,5% y sigue siendo un delito con muy baja tasa de denuncia.
ENS: ¿Hasta qué punto la implementación accidentada de la política de ‘paz total’ ha incidido en el aumento de delitos de alto impacto en varias regiones?
DM: Muchísimo, según análisis en los que he trabajado, esos ceses al fuego lo que hicieron fue amarrarle las manos a la Fuerza Pública y la respuesta de los grupos armados fue aumentar su accionar criminal en los territorios y sobre todo las medidas de gobernanza criminal de control territorial de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; de confinamiento, retenes, paros armados para fortalecerse.
Por otro lado, las cifras muestran de manera clara que las acciones de la Fuerza Pública disminuyen, entre estas, las incautaciones de armas, de drogas y las judicializaciones. Las capturas caen, pero los grupos criminales aumentan su accionar criminal.
ENS: Preocupa el aumento de delitos como los de violencia intrafamiliar y lesiones personales, ¿qué cree que está pasando?
DM: Efectivamente hay un aumento muy marcado al respecto y ese es un trabajo que no le corresponde única y exclusivamente a la Policía, porque ellos no pueden entrar a una vivienda donde hay casos de violencia intrafamiliar.
Eso tiene que ver más con campañas de prevención y de concientización de las Comisarías de Familia y la Secretaría de la Mujer, quienes deben trabajar mucho más activamente para contener esto.