EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evalúa hoy la política criminal del Estado en Colombia?
FRANCISCO JOSÉ SINTURA: Lamentablemente en Colombia no existe política anticriminal como una política pública, como una política de Estado. Solo existen dos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) aislados en materia de lavado de activos y en temas anticorrupción.
Pero nunca este importante organismo se ha ocupado de trabajar una política de Estado en la lucha contra la criminalidad común y/o la criminalidad organizada. A pesar de la existencia de un Consejo de Política Criminal, está mal estructurado ese consejo, poco se reúne y no traza verdaderas políticas públicas.
Las reformas legales a los códigos penales y procesal penales son precarios esfuerzos aislados que no reflejan una política anticriminal del Estado y menos refleja una política que esté articulada con la política penitenciaria, que es una necesidad.
.ENS: ¿Cree que sigue primando el populismo punitivo o la propensión a legislación coyuntural tras cada delito de alto impacto en Colombia?
FJS: El instrumento del mazo penal o criminal, a través de legislaciones de coyuntura, son la constante en las reformas penales. Creemos en Colombia que, incrementando las penas, creando más delitos y creando más agravantes a esos delitos, resolvemos los problemas que vienen de situaciones sociales que no se han resuelto.
Mientras no terminemos con el abuso en el uso de la ley penal y mientras no nos dediquemos a realizar verdaderos estudios de criminalidad y apuntemos a la resolución de sus causas, continuaremos en la misma senda de todos los países latinoamericanos, con altos índices de criminalidad.
ENS: ¿Cómo acompasar la intención del Gobierno de propiciar flexibilidades penales con la urgencia de la ciudadanía para que, por el contrario, se aumenten los castigos a los delincuentes?
FJS: La demanda de justicia hoy, particularmente frente al crecimiento del delito, es inversamente proporcional a los casos investigados y resueltos por la justicia criminal. El índice de impunidad es muy alto: de cada 100 delitos la Fiscalía archiva el 83%, es decir, archiva 83 casos por toda suerte de razones, algunas válidas, pero las más de las veces son razones muy precarias.
No se investiga entonces el 83% de los casos y de los delitos que sí se investigan, solamente tres llegan a sentencia de mérito. Realmente la efectividad de la justicia criminal es muy precaria.
Por eso es que los mecanismos de terminación anticipada del proceso, como el principio de oportunidad y las negociaciones de cargos y de penas, permitirían una mayor eficiencia en el sistema siempre y cuando las penas que se impongan después de otorgados los beneficios se cumplan de manera efectiva y los funcionarios judiciales sean rigurosos en la aplicación de la ley.
ENS: La reforma que acaban de proponer la Fiscalía y el Ministerio de Justicia propone impulsar la justicia premial en Colombia, ¿cree necesario avanzar en esta dirección o con los instrumentos que hoy hay es suficiente?
FJS: La reforma que se propone por el Gobierno por la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia no es una reforma integral, es un esfuerzo ciertamente por reducir el índice de impunidad y de casos que se quedan sin resolver año tras año, por la vía de los mecanismos alternativos de obtener sentencias rápidas, que son los principios de oportunidad y las negociaciones de cargos y penas con sentencias reducidas.
La reforma no resuelve el tema relacionado con la ubicación de la Fiscalía en las ramas del poder público. Hoy por hoy la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, pero nada lo justifica cuando la Fiscalía no tiene facultades jurisdiccionales.
La Fiscalía o bien debe pertenecer al Ejecutivo o si no debe ser un órgano independiente como la Contraloría con un mecanismo de elección diferente al que hoy existe. Tampoco se resuelve el tema relacionado con la Policía Judicial, dado que hoy por hoy existen dos policías judiciales: el CTI a cargo del fiscal General y la DIJIN y la SIJIN a cargo del director de la Policía Nacional. Es necesario que se unifique la función de policía judicial en un solo órgano bajo la tutela, dirección y coordinación del fiscal General de la Nación.
Hoy nada justifica que el Ministerio Público esté en el proceso penal y las víctimas solamente deben acudir al proceso penal cuando ya la sentencia de mérito, declarando un responsable penalmente, se haya dictado.
Tampoco se ocupa la reforma de las causas que generan en la Fiscalía que la actividad de indagación e investigación sea un verdadero cuello de botella y las investigaciones duren tanto tiempo. Algunas de las causas por falta de conocimiento de los funcionarios de investigación y en otras por el volumen de trabajo que a ello se asigna, además de que están pésimamente remunerados. De eso no se ocupa la reforma.
ENS: ¿A qué cree que se debe el aumento desproporcionado de los delitos de violencia intrafamiliar pese a que las condenas se han agravado en los últimos años?
FJS: Los delitos de violencia intrafamiliar crecen en Colombia por la situación de violencia generalizada en el país, por los conflictos sociales que son el sustrato de la pobreza y de la miseria y por un culto machista de viejo cuño que aún impera en los países latinoamericanos.
Esos conflictos sociales que no han sido adoptados y estudiados para definir sobre ellos políticas públicas en materia legislativa, hacen por supuesto que la ciudadanía no crea ni en la ley ni en la justicia.
Si la justicia llega tarde obviamente el ciudadano deja de tener credibilidad en su administración de justicia, el tema hoy entonces frente a los delitos de violencia intrafamiliar es de aplicación de la ley vigente en forma oportuna y no tardía.