RECIENTEMENTE, Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, anunció una inversión de 90 millones de dólares en cuencas del Río Bogotá para traer más agua del Agregado Norte. Al respecto, Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, señaló en entrevista con este Medio que por el momento no conoce a detalle el proyecto mencionado por el alcalde.

“Vi la nota en algunos medios donde él hablaba de una inversión de cerca de 90 millones de dólares para ejecutar acciones de restauración en la región de Sumapaz, él habló del municipio de La Calera y habló también del área de influencia del agregado norte, pero no conozco ese detalle de acciones. Entiendo que fue un anuncio producto de la gestión que él vino a hacer a la COP16, me imagino que en las semanas siguiente tendremos el espacio para sentarnos con él y con la secretaria de ambiente para articularnos, porque por supuesto que desde la CAR Cundinamarca estaremos atentos a brindar toda la colaboración”, explicó. 

Por otra parte, el director de la CAR dio detalles del estado actual del Río Bogotá y reveló importantes cifras en torno a las fuentes de contaminación.

ENS: Mirando hacia el futuro, ¿qué visión tiene la CAR para el Río Bogotá en los próximos 10 a 20 años?

AB: El río tiene que ser el eje estructural del ordenamiento territorial de toda la cuenca, tenemos que avanzar en el proceso de saneamiento. Ahí tenemos retos grandes como sacar adelante la PTAR Canoas. Tenemos que seguir avanzando en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en otros municipios de la cuenca del río Bogotá, tenemos que avanzar en la recuperación ecosistémica y ambiental para generar las soluciones que se requieren para enfrentar esta crisis de abastecimiento de recursos hídricos.

Nosotros firmamos un convenio aquí en el marco de la COP con Naciones Unidas para restaurar 330 microcuencas abastecedoras, esta es una primera fase de un gran proyecto que tenemos para recuperar 800 micro cuencas abastecedoras en todo el territorio CAR.

Lo que pretendemos con esta clase de proyectos, es que sean las comunidades mismas las que teniendo la gobernanza de sus territorios administren estos recursos, previa formulación de un plan de acción ambiental participativo, y ejecuten ellos mismos las acciones de conservación, restauración, aislamiento, programas de uso eficiente y ahorro del agua, actividades de educación y cultura ambiental.

ENS: ¿Cuál es el diagnóstico actual de la calidad del agua en el Río Bogotá y cómo ha evolucionado en los últimos años?

AB: Ha mejorado, no como quisiéramos porque vamos en un proceso muy lento, pero ya empezó a operar este año la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Esta PTAR se construyó con una inversión de 1.6 billones de pesos y descontamina el 30% de las aguas residuales. Todavía nos faltan muchos municipios y aquí hay que hacer un llamado a los alcaldes y a las empresas de servicio para que asuman esa gran responsabilidad que tienen y operen de manera adecuada las PTAR.

Que los municipios que las tienen les hagan mantenimiento y los que no, que hagan esfuerzos financieros para construir estos sistemas de tratamiento que son una responsabilidad primaria de ellos, en el marco de la sentencia del Consejo de Estado y de la Ley 142. Esta es la única forma de avanzar en ese mejoramiento de la calidad.

ENS: ¿Qué factores siguen afectando la contaminación del río y cómo está respondiendo la CAR a estos desafíos?

AB: Tristemente hoy más del 90% de la contaminación tiene que ver con aguas residuales domésticas, es decir, las que se generan en los hogares y que están obligadas a tratar las empresas de servicios públicos domiciliarios o las entidades territoriales.

Ahí, de alguna manera la autoridad ambiental tiene las manos atadas. Cuando los alcaldes y las empresas de servicios públicos han formulado los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en virtud de la norma del Ministerio de Vivienda, se les otorga 10 años para que ellos puedan solucionar esta problemática.

Pero esos 10 años se han vencido ya en dos ocasiones y el Ministerio saca una nueva disposición que permite que se les siga prorrogando, entonces los PSMV se vuelven una licencia contaminante y los municipios siguen dilatando la solución definitiva a sus vertimientos. Esa es hoy la gran preocupación.

ENS: ¿Qué resultados han dado estos proyectos de recuperación hasta el momento y cuáles han sido los principales obstáculos en su implementación?

AB: Ha habido resultados muy positivos, hemos logrado mejorar las coberturas naturales y la conectividad ecosistémica en algunos sitios. La CAR ha hecho compra de predios en el departamento de Cundinamarca y algunos municipios. Allí hemos hecho restauración de miles de hectáreas en corredores ecosistémicos.

Hemos avanzado en la delimitación, en la construcción de planes de manejo de áreas protegidas, en la ejecución de esquemas de pago por servicios ambientales, en la construcción de PTAR en casi 30 municipios de toda la cuenca, en algunos centros poblados, pero todavía el reto es enorme, nos falta muchísimo, se requiere comprar muchas más áreas, restaurar miles de hectáreas, una labor muy articulada con las entidades territoriales para que la prioridad sea la ejecución de medidas de adaptación al cambio climático y la inversión en áreas de importancia ambiental.

Hay varios obstáculos en la implementación. La falta de ordenamiento territorial alrededor del agua y de procesos de ordenamiento territorial a cargo de los municipios bastante desarticulados, donde a veces se les olvida la gran responsabilidad que tienen con la sostenibilidad ambiental de sus territorios; limitaciones normativas porque hay normas que no nos permiten hacer restauración en predios privados; conceptos del ministerio y de órganos de control que no nos permiten hacer inversiones en predios privados; un marco normativo que a veces limita prolongar en el tiempo la ejecución de esquemas como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), los acuerdos de conservación; y las limitaciones financieras porque de alguna manera hemos dejado las autoridades ambientales solas en esta tarea.

Hay algunas entidades territoriales como el departamento de Cundinamarca que tienen un compromiso grande, que han hecho inversiones importantes, pero hay municipios de La Sabana que tienen unos presupuestos más grandes que el presupuesto de la CAR y las inversiones en temas ambientales son mínimas.

En ocasiones hay políticas que en el papel se leen de manera muy correcta y con muy buenas intenciones, pero que no se traducen en la inversión de recursos por parte de la Nación y la política es efectiva si yo logro llevarla a hechos concretos con la inversión de recursos, de lo contrario es letra muerta.

Ahí tenemos un reto enorme y es cómo encontrar mecanismos de financiamiento para tantas acciones que hay que ejecutar en materia ambiental en un país donde, a veces, desafortunadamente esa no es la prioridad de las entidades públicas.