COMO MUY grave para el país consideró el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, que el Presupuesto General de la Nación que se está ejecutando en este año esté completamente desbalanceado.

Tras posesionarse (por segunda vez) en el cargo este martes y retornar ayer a la jefatura del ente de control fiscal (tras más de un año por fuera luego de su elección fuera anulada por el Consejo de Estado en mayo de 2023 y terminara siendo escogido de nuevo por el Congreso la semana pasada), Rodríguez advierte que se requiere una mejor planificación presupuestal.

Incluso, planteó que “toda norma que se vaya a presentar (al Congreso) debería tener no solamente el aval fiscal, sino que ese aval fiscal debería de estar certificado por la Contraloría General”.

EL NUEVO SIGLO: A raíz del escándalo que surgió en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ¿por qué ahí no funcionó el control preventivo y concomitante de la Contraloría?

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ: Le contesto de dos maneras. La primera, esa es una pregunta para el vicecontralor o el contralor que estuvo en funciones en el último año, porque apenas acabo de llegar.

Pero le doy mi apreciación de lo que vi: la Contraloría sí actuó.

Suspendió al director de la Unidad de Gestión del Riesgo; advirtió y alertó sobre el tema en esa entidad; y aplicó control preventivo y concomitante, pues le dijo al Gobierno que eso no venía funcionando bien.

Pero también hay que entrar a mirar qué aconteció con la Unidad de Gestión del Riesgo, no solamente en esta administración, sino anteriormente. Voy a presentar un diagnóstico de qué ha sucedido frente a los recursos que se manejaron allí. No se debe abusar de esa figura (de contratación de emergencia) y utilizarla para evadir los mecanismos de contratación estatal.

ENS: ¿Se necesita en Colombia una reforma al Código Fiscal para que la labor de la Contraloría sea más eficiente e intervenga antes del daño al erario?

CHR: No. Creo que las herramientas que hay son importantes y válidas. Es muy importante el trabajo armónico con la Procuraduría General de la Nación, ya que sí tiene herramientas, por ejemplo, para separar al funcionario del cargo.

Hay que reordenar unos factores internos que permitan robustecer la reacción inmediata de la Contraloría. El fortalecimiento que desde el punto de vista presupuestal y en nómina ha tenido la entidad sí se ve en resultados.

La Contraloría ha recaudado una cifra histórica en cobro coactivo: dos billones de pesos en efectivo. Es impresionante. Me había propuesto un billón en los cuatro años. Y estamos hablando de cerca de 10 billones de pesos de beneficios fiscales al erario público, que tenemos cómo demostrarlos. Y estoy diciéndole al país que nos vamos a colocar la cifra de 20 billones de pesos al terminar el periodo.

Ahí se ve el fortalecimiento de la Contraloría. Hablar de 20 billones es hacer referencia a una reforma tributaria. Entonces, queda muchísimo más por hacer y recomponer, pero con las herramientas que hay podemos sacar el tema adelante.

ENS: ¿Cree que debería reformarse el Estatuto de Contratación para restringir la contratación por emergencia manifiesta, que se hace sin licitación y casi que ‘a dedo’, dado que genera problemas de corrupción y afectación al erario?

CHR: Esto va más allá de un problema normativo. El Estatuto de Contratación está bien, lo que pasa es que le dan mala utilización. En la Unidad de Gestión del Riesgo este tipo de contratos es algo que se permite, porque a veces se requiere por el gobernante debido a emergencias y acciones urgentes.

¿Cuál es el problema? La mala utilización que se da. Esa mala utilización es que esa figura (contratación por emergencia manifiesta) termine siendo usada en regiones donde no se necesita, para evadir el Estatuto de Contratación. Eso es lo grave.

Entonces, vamos a mirar y hacer una revisión de hacia dónde se han focalizado esos recursos; no solamente cómo se han invertido, sino por qué se focalizaron allá y por qué se enviaron a una región donde la urgencia no lo ameritaba.

Alerta presupuestal

ENS: ¿Cuál fue el llamado que hizo en torno al tema fiscal al Gobierno y el Congreso?

CHR: Simplemente hice un llamado y fue el siguiente: los presupuestos son herramientas de planificación financiera que deben obedecer a una realidad macroeconómica de lo que esté viviendo el país.

Existen unas variables desde el punto de vista nacional e internacional que, de manera directa, tienen que ver en la elaboración de un presupuesto. La iniciativa de la presentación de presupuesto general de la Nación y la iniciativa de gasto la tiene el Gobierno nacional. Y quién debe estudiarlo, valorarlo, aprobarlo, negarlo o ajustarlo es el Congreso.

Me parece muy grave que un presupuesto que en este momento se está ejecutando para el año 2024 esté completamente desbalanceado.

¿Por qué? Sencillamente porque se sobreestimó el ingreso y cuando se sobreestima el ingreso, queda mal calculado el gasto; y entonces se tiene que venir un recorte desde el punto de vista presupuestal. Inicialmente, se está hablando de 20 billones y hay que mirar a ver hasta dónde da eso.

El hecho de que se esté recortando presupuestalmente, por ejemplo, en 20 billones, no es una medida que sea irresponsable en este momento.

¿Dónde estuvo la falla? La falla estuvo al momento de la elaboración del presupuesto como tal. Por lo tanto, la Contraloría tendrá que tener una participación profundamente activa en el ejercicio del control preventivo y concomitante en la elaboración del presupuesto del año 2025, para que ese presupuesto esté aterrizado a la realidad y obedezca a las valoraciones macroeconómicas, tanto internas como externas. Esto genera certidumbre desde el punto de vista económico.

Reformas

ENS: El mayor problema en el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso se refiere a si existe un verdadero estudio de impacto fiscal de cada una. ¿Debería reformarse este mecanismo para hacerlo más claro y preciso?

CHR: Pienso que eso es un tema normativo: toda norma que se vaya a presentar debería tener no solamente el aval fiscal, sino que ese aval fiscal debería de estar certificado por la Contraloría General.

Al fin y al cabo, el aval fiscal lo está dando prácticamente el Gobierno, pero el organismo de control tendría o debería tener toda la posibilidad para hacerlo frente al tema.

Esto desde un punto de vista muy elemental: usted no puede planear una gran cantidad de cosas cuando materialmente no tiene forma de percibir el ingreso para hacer ese sueño realidad. Es un tema de planificación financiera.

Puede que haya necesidades que nos atraen desde el punto de vista constitucional. ¿Qué es más importante: el derecho o el factor económico periódico? Yo soy un enamorado de los derechos, pero esos derechos no se pueden traducir a una realidad si no los acompaño de una realidad desde el punto de vista económico y financiero, y desde el punto de vista objetivo.

¿Eso cómo será? Respetando una regla fiscal que está en el 55 % y que no la puede sobrepasar; que tomando unas medidas debemos tenerla más o menos en el 54,6 % o 54,7 %, más o menos en el límite. ¿Qué debe ser la Contraloría? Vigilar objetivamente.

Campanazo a contralorías territoriales

ENS: Sobre el tema de las contralorías territoriales, ¿cuál es el paso a seguir?

CHR: A esas contralorías territoriales, distritales y municipales, cuando se aplique un control prevalente o preferente, siempre les voy a requerir, primero, qué actuación han hecho.

Pero si se aplica el control prevalente o preferente de la Contraloría, si la respuesta que me den las contralorías no satisface, personalmente voy a denunciar al contralor municipal, distrital o territorial que haya omitido o que no haya cumplido sus funciones.

Con esto, no estoy afectando para nada la autonomía de las contralorías territoriales, porque ellas son autónomas, pero no son independientes. Aquí hay un Sistema Nacional de Control Fiscal.

Me reuniré con ellas y las escucharé, pero esas contralorías territoriales deben entrar en cintura, deberán actuar por encima de cualquier tipo de interés o sesgo político de la respectiva región.