Carlos Alberto Beraldi, abogado defensor de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció que existieron irregularidades en los allanamientos a tres propiedades de su clienta.
El letrado manifestó que en el marco de los registros se le impidió controlar y verificar el allanamiento en los inmuebles.
El pasado jueves, la Policía Federal de Argentina llevó a cabo las inspecciones para buscar bóvedas donde presuntamente se habría guardado el dinero de los sobornos recibidos tras ceder varios contratos del Estado.
Según la investigación adelantada por el juez Claudio Bonadío, el dinero de las coimas podría superar los USD 200 millones.
Los predios inspeccionados fueron un apartamento de 280 metros cuadrados en el barrio de Recoleta, en el centro de Buenos Aires; una residencia vacacional de 892,8 metros cuadrados en la ciudad de Río Gallegos, en la zona austral de la Patagonia; y otra vivienda en la ciudad de El Calafate, junto al hotel boutique Los Sauces, con un valor aproximado de USD 570.000.
La exmandataria haría parte de una red de corrupción en la que se cobraron millonarios sobornos en efectivo entre 2005 y 2015. En dicho tramado están involucrados exfuncionarios de su gobierno y poderosos empresarios del país.
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En febrero del año que corre, el juez Bonadío también llamó a juicio oral a la expresidenta por haber avalado un memorándum para dotar de impunidad a los iraníes acusados de ejecutar el acto terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, donde murieron 86 personas y 300 argentinos resultaron heridos.
Por este caso, Fernández tiene suspendida una orden de detención debido a su fuero parlamentario.
En carácter de coautora del delito de traición a la patria, Bonadío solicitó la prisión preventiva contra Fernández y le pidió al Congreso que le retire sus privilegios parlamentarios.
Además, el 4 de abril de 2017, el mismo juez procesó a Cristina Fernández por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, embargándole USD 2.890.000 de su fortuna. Para evadir esta sanción, la expresidenta decidió ceder buena parte de su capital a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La exjefa de Estado -y ahora senadora- niega su participación en todos estos delitos.