EL TRIBUNAL Supremo español envió a juicio a 18 dirigentes catalanes implicados en el intento de secesión de octubre de 2017, entre los que no estará el entonces líder regional Carles Puigdemont al hallarse actualmente en Bélgica.

Una vez finalizada la instrucción, el tribunal confirmó la acusación de rebelión contra nueve dirigentes independentistas en prisión preventiva que deberán ser juzgados a principios de 2019.

Entre ellos figuran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros cinco miembros del ejecutivo del expresidente Puigdemont (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa), que se arriesgan a hasta 25 años de prisión.

La antigua presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de dos influyentes asociaciones independentistas, también están acusados por este delito que genera controversia entre los juristas.

Además, otros tres antiguos componentes del gobierno serán juzgados por malversación mientras que algunos exdiputados regionales lo serán por desobediencia, ambos con penas menos severas.

En cambio, queda por ahora fuera de la causa el expresidente Carles Puigdemont, protagonista de ese intento de secesión, que se encuentra exiliado en Bélgica, fuera del alcance de la justicia española.

En marzo fue arrestado en Alemania pero el tribunal local que estudió su extradición decretó entregarlo a España solo por el delito de malversación y no el de rebelión.

Ante esta situación, que suponía un agravio para el resto de acusados en España, el Supremo decidió retirar su petición de extradición y declaró en rebeldía a Puigdemont, desistiendo de juzgarlo por ahora.

Para los independentistas, la decisión alemana ratifica su postura de que no existió ninguna rebelión, un delito que implicaría la existencia de un "levantamiento violento y público" en su intento de separar Cataluña de España.

Algunos juristas españoles discuten también la existencia de un "levantamiento violento" en el intento de secesión que culminó con la proclamación de una república fallida por parte del Parlamento regional el 27 de octubre de 2017.

Previamente, el primero de ese mes, el gobierno regional había impulsado la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que quedó marcado por la actuación violenta de los policías enviados por Madrid para impedirlo.

Semanas atrás, Amnistía Internacional reclamó la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entendiendo desproporcionado su encarcelamiento por convocar una manifestación en septiembre de 2017 ante un edificio registrado por la Guardia Civil.

Si bien los manifestantes dañaron dos vehículos policiales aparcados y la protesta impidió la salida de los agentes durante horas, la jornada terminó sin ningún herido.

Con esta decisión del Supremo, se abre un plazo de cinco días para que la fiscalía y el resto de acusaciones presenten sus escritos de acusación.

La apertura del proceso puede complicar el incipiente diálogo entre el ejecutivo independentista catalán dirigido por Quim Torra y el gobierno español de Pedro Sánchez un año después de la grave crisis política que sacudió el país.

"Que sepa el Estado español que los catalanes nunca aceptaremos una sentencia que no sea la libre absolución y, si fuera lo contrario, nos enfrentaremos a estas sentencias", advirtió Torra.

Los separatistas, indispensables para aprobar los presupuestos de Sánchez, reclaman la liberación y el archivo de la causa contra sus antiguos líderes a quienes califican de "presos políticos".

Si bien algunos dirigentes socialistas califican de desproporcionada la prisión preventiva, el gobierno central alega que la justicia es independiente.