CON OCHO horas de retraso y luego de que los dirigentes internacionales que hacían presencia en el acto expidieran un comunicado en el que exigían respetar la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, y cumplir con la transición presidencial, el socialdemócrata Bernardo Arévalo asumió en la madrugada de ayer la conducción de Guatemala.
Desde el balcón del Palacio Nacional, en el centro de la capital, Arévalo pidió a los guatemaltecos acompañarlo en su gestión para rescatar las instituciones del país de la "corrupción" y lograr el desarrollo social en este empobrecido país centroamericano, admitiendo que “los desafíos que enfrentamos son inmensos”.
"Inician hoy cuatro años de un mandato que seguramente estará marcado por una serie de obstáculos, muchos de los cuales no podemos prever en este momento", admitió. "Sabemos que el cambio puede ser difícil", agregó.
El presidente, sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, vaticinó que su gobierno se hallará "en la necesidad de tomar decisiones difíciles" y enfrentará "momentos de duda y temor".
"En los próximos años, la tentación de confrontar y aumentar nuestras diferencias será recurrente. Este periodo conllevará la posibilidad de cometer errores" y recibir críticas, dijo.
No obstante, reiteró su compromiso de "transformar", no solo las instituciones del Estado, sino también la "realidad cotidiana" de los guatemaltecos.
"No más corrupción, no más exclusión", dijo el presidente, con la banda presidencial cruzada en el pecho y frente una multitud de seguidores que celebraron y bailaron al ritmo de grupos musicales.
Desde que pasó sorpresivamente en junio a la segunda vuelta electoral, prometiendo combatir a los corruptos, la Fiscalía emprendió una ofensiva con la que buscó retirarle su inmunidad, desarticular su partido y anular los comicios, argumentando anomalías electorales.
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Arévalo, que calificó las acusaciones de espurias, afirmó que una de las primeras tareas como presidente será pedirle la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de esa arremetida y sancionada por Washington por "corrupción" y por "socavar la democracia".
"El primer obstáculo es la Fiscalía. Es muy importante que salga la fiscal general que ha sido la operadora principal del pacto de corruptos", declaró a la AFP Manfredo Marroquín, cofundador de Acción Ciudad, versión local de Transparencia Internacional.
Porras fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales y ratificada en el cargo, hasta 2026, por el gobernante saliente Alejandro Giammatti, ambos vinculados con sectores corruptos. El mandatario no tiene la facultad de destituirla.
Arévalo aseguró que enfrentará "desafíos monumentales para erradicar las prácticas de corrupción que han permeado" al país, y están enquistados en la Fiscalía, tribunales, parlamento, gobierno, alcaldías y otras instituciones públicas.
"Debemos superar obstáculos significativos para liberar al Estado de aquellos que lo han capturado durante años, utilizándolo como botín propio", señaló.
El nuevo presidente parece contar con el apoyo de la comunicad internacional. Este lunes, el presidente Joe Biden, felicitó a Arévalo, y destacó su investidura como "testimonio" del "compromiso compartido con la democracia y la voluntad del pueblo".
Pero Jordán Rodas, exprocurador de derechos humanos, exiliado en Washington, asegurá que Arévalo tendrá una tarea difícil. "Va a estar nadando en un pantano, dentro de una fauna salvaje, herida también", aseguró.
"No hay que pestañear, porque los políticos criminales no cejan en sus intentonas ilegales y antidemocráticas", advirtió Carmen Aída Ibarra, del movimiento ciudadano ProJusticia.
Marroquín recordó que la población votó por Arévalo por su promesa anticorrupción. "Debe dar resultados rápidos en la depuración de las redes de corrupción, plazas fantasmas que se crearon para saquear el Estado".
Arévalo tiene a su favor una población hastiada de la corrupción, a las comunidades indígenas que piden el fin de la exclusión y una juventud que necesita oportunidades para no migrar.
"Hay una expectativa muy grande y hay que entender las limitaciones que el gobierno enfrenta", afirmó Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala.
"Va a ser muy complicado gobernar, responder a las expectativas de la gente, que pide enfrentar a los corruptos y atención de su situación socioeconómica", aseveró Luis Linares, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales.