El Congreso chileno aprobó este miércoles la ley de despenalización del aborto terapéutico, una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet que ahora deberá esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para su promulgación por requerimiento de la oposición.

El Senado respaldó --con 22 votos a favor y 13 en contra-- el informe de una comisión mixta que dirimió divergencias entre ambas cámaras del Congreso. La medida permitirá a las mujeres acceder al aborto si su vida está en riesgo, han sido violadas o se declara que el desarrollo del feto es inviable.

"Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor", escribió Bachelet en su cuenta de Twitter.

La Cámara de Diputados había aprobado la norma horas antes.

La decisión legislativa se dio en medio de la algarabía de congresistas oficialistas, ministros y movimientos en favor de esta iniciativa, pero también entre las críticas de los opositores.

"Los que hemos estado en contra del aborto tenemos el desafío como país que ninguna mujer embarazada en Chile encuentre que su maternidad es un problema", sostuvo Baldo Prokurica, senador derechista.

Pero la promulgación de la ley deberá esperar un fallo del Tribunal Constitucional (TC), conformado por 10 miembros, después de que legisladores conservadores presentaran el miércoles un requerimiento para revisar esta normativa, argumentando que atenta contra derecho a la vida consagrado en la Constitución.

"Me duele que legisladores acudan al TC y que sean 10 personas las que decidan lo que aquí hemos discutido durante más de dos años", dijo la senadora socialista, Isabel Allende.

El tribunal, que actúa en la práctica como una tercera Cámara, deberá decidir si admite el documento. A fines de agosto cambiará de presidente, y entrará en funciones uno más cercano a la oposición.

Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto. 

Pero el dictador Augusto Pinochet, poco antes de terminar su régimen (1973-1990), penalizó este procedimiento apoyado por la Iglesia y grupos conservadores.