UN obstáculo más enfrenta el candidato-presidente Joe Biden en su aspiración de seguir en la Casa Blanca. El Congreso de Estados Unidos le abrió formalmente la investigación para un juicio político por un presunto aprovechamiento de su cargo como vice para favorecer los negocios poco claros de su hijo Hunter Biden en el extranjero.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por el Partido Republicano, aprobó la resolución para dicho proceso al presidente demócrata por 221 votos a favor (toda la bancada conservadora) frente a 212 en contra del partido gobernante.

La decisión se produjo el mismo día que Hunter Biden desafió la citación para testificar a puerta cerrada en la Comisión de Investigación, reiterando que estaría dispuesto a hacerlo en el pleno del Congreso.

Este procedimiento, aunque no tiene prácticamente posibilidades de éxito ya que de ser aprobado en la Cámara lo hundirá la mayoría demócrata del Senado, es un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en las que Biden busca ser reelegido y en las que enfrenta al exmandatario conservador, Donald Trump, quien desde meses atrás es blanco de una ofensiva judicial -promovida por la oposición política- y enfrenta cuatro procesos, aunque uno de éstos, el de presunta manipulación a resultados electorales en Georgia fue paralizado ayer. (Ver recuadro).

Los conservadores acusan al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en China y Ucrania.

"Joe Biden mintió repetidamente al pueblo estadounidense", acusó el jefe del comité de investigación de la Cámara de Representantes, James Comer.

El presidente, su hijo y el partido demócrata en general niegan las acusaciones.

"En vez de hacer su trabajo (...) deciden perder el tiempo con esta artimaña política infundada que incluso los republicanos en el Congreso reconocen que no está respaldada por hechos", reaccionó Biden en un comunicado minutos después de la votación.

Unas horas antes, su hijo Hunter dio una inusual rueda de prensa en la que defendió a su progenitor.

"Permítanme decirlo lo más claramente posible: mi padre no participó financieramente en mis negocios", aseguró Hunter, que está bajo la lupa escrutadora de los conservadores desde hace más de un año, tanto por haber mentido sobre la posesión de un arma de fuego cuando lo tenía prohibida por su adicción a las drogas como por reuniones que habría logrado con empresarios de algunos países con mediación de su padre, quién en su momento fungía como vicepresidente.

Hunter exculpa a su progenitor

Delante del Congreso Hunter reconoció "haber cometido errores" en su vida, pero acusó a "los trumpistas", es decir a los partidarios del expresidente Trump, de intentar "deshumanizarlo" para "perjudicar" a su padre.

Por eso se negó a acudir a una sesión a puerta cerrada organizada por los republicanos, que querían que compareciera ante el Congreso, pero si ofreció una inusual rueda de prensa en las escalinatas del mismo.

"Estoy aquí para garantizar que las investigaciones ilegítimas de las comisiones de la Cámara de Representantes contra mi familia no caigan en distorsiones o manipulaciones", sostuvo antes de manifestar que durante seis años ha sido "objeto de los ataques de los republicanos" cercanos al expresidente Donald Trump, a los que acusó de haber "invadido su privacidad, atacado a su mujer, sus hijos y sus amigos".

Biden ha hecho hincapié, además, en que su padre no se ha visto implicado en ninguno de sus negocios.  "Permítanme decirlo lo más claramente posible: mi padre no participó financieramente en mis negocios", afirmó Hunter Biden, muy serio.

"Ni como abogado en ejercicio, ni como miembro de la junta directiva (del gigante del gas ucraniano) Burisma, ni en mi asociación con un hombre de negocios chino, ni en mis inversiones aquí ni en el extranjero, y mucho menos como artista", enumeró.

El presidente de 81 años siempre ha apoyado públicamente a Hunter Biden y ha dicho en muchas ocasiones que se siente "orgulloso" de él.

Los republicanos creen que la apertura formal de la investigación, adoptada únicamente con sus votos, es una nueva posibilidad para incriminar al líder demócrata.

"Ha llegado el momento de dar respuestas al pueblo estadounidense", afirmó el miércoles el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, tras la votación. esta investigación no se tomará "a la ligera", advirtió.

La Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso puede destituir al presidente por traición, corrupción y otros delitos graves.

Hace unos meses ya se abrió una investigación similar contra el presidente demócrata. Se hizo a petición de congresistas allegados a Trump, quien podría ser su rival en los comicios de 2024.

A finales de septiembre se celebró una primera audiencia parlamentaria durante la cual los expertos coincidieron en que actualmente nada justifica una acusación contra el presidente Biden.

"No hay ninguna prueba de que el presidente Biden haya cometido ningún acto reprensible", añadió el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El procedimiento se desarrolla en dos etapas.

Después de haber llevado a cabo una investigación, la Cámara de Representantes vota, por mayoría simple, los artículos de acusación con el detalle de los hechos que reprochan al presidente: es lo que se conoce como un juicio político o "impeachment" en inglés.

En caso de acusación, el Senado, la cámara alta del Congreso, enjuicia al presidente. Si llegara a esta etapa es altamente probable que Biden fuera absuelto, porque su partido tiene mayoría.

En la historia de Estados Unidos ningún presidente ha sido destituido.

Varios se han visto sometidos a un juicio político: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019 y 2021, pero fueron absueltos.

Richard Nixon prefirió dimitir en 1974 para evitar una posible destitución por parte del Congreso debido al escándalo Watergate.

Suprema analizará ley invocada contra Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos estudiará una apelación contra una ley invocada en los juicios contra el expresidente Donald Trump y cientos de sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

El caso, que la Corte verá el año que viene, podría retrasar potencialmente el próximo juicio federal del expresidente por presunta conspiración para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, debe ser juzgado en marzo, pero sus abogados buscan retrasar el juicio hasta después de los comicios.

La ley en cuestión, sobre obstrucción de un procedimiento oficial, es uno de los cargos presentados contra el expresidente en el marco del ataque al Capitolio para impedir la certificación de los resultados de las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden.

Joseph Fischer, exoficial de policía, es una de las más de 300 personas también acusadas de obstrucción, falta castigada con hasta 20 años de cárcel, y pretende que se retiren los cargos por este motivo. Si gana su caso, podría tener un efecto de bola de nieve para todos los que están en su situación, incluido Trump.

Un juez federal designado por Trump había acordado retirar los cargos de obstrucción, dictaminando que la ley había sido mal interpretada, argumentando que solo podía utilizarse como base para el procesamiento en el caso de delitos financieros. Pero la decisión fue anulada por un tribunal federal de apelación.

La Suprema Corte, donde seis de sus nueve magistrados son conservadores, entre ellos tres nombrados por Trump, debe estudiar el recurso del expolicía el año que viene. Se espera una sentencia hacia el final de su período de sesiones, en junio.

"Inmunidad absoluta"

Al mismo tiempo, el fiscal federal Jack Smith, que investiga el caso de injerencia electoral contra Trump, pidió a la Corte Suprema que decida si el expresidente goza o no de inmunidad penal por su antiguo cargo.

La defensa de Trump argumenta que goza de "inmunidad absoluta" y no puede ser procesado por sus acciones cuando estaba al frente de la Casa Blanca.

A principios de diciembre, la jueza Tanya Chutkan, que presidirá el juicio federal previsto para marzo en Washington, rechazó esta petición de inmunidad alegando que no existe ningún texto que proteja a un expresidente de ser procesado penalmente.

Los abogados de Trump han recurrido esta decisión y el fiscal especial ha pedido al alto tribunal que se pronuncie con carácter de urgente.

Ello llevó a que la jueza Chutkan paralizará temporalmente el proceso judicial contra el expresidente republicano. “El proceso abierto en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. podría dañar cualquier procedimiento futuro…Si se devuelve la competencia a este tribunal (en el distrito de Columbia), éste, de conformidad con su deber de garantizar un juicio rápido y justo para todas las partes, considerará si mantiene las fechas de los plazos, incluido el juicio previsto para el 4 de marzo", reza su decisión./