Expertos consideran que es un hecho importante en aras de sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela

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Con la designación de tres jueces de la Primera Sala de Cuestiones Preliminares la Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por los crímenes de lesa humanidad que se habrían presentado en la reacción de la Fuerza Pública para contener las protestas que el año pasado durante varios meses se tomaron las calles del vecino país, dejando al menos 150 muertos.

Expertos consideran que es una decisión importante en un momento en que el gobernante se apresta asumir un segundo mandato, pero pasaría mucho tiempo antes de que se produzca una eventual medida en su contra.

Los jueces designados son Marc Perrin de Brinchambaut (Francia), Péter Kovács (Hungría) y Rene Adélaïde Sophie (Bélgica).

En febrero pasado la CPI anunció una evaluación preliminar de la situación de Venezuela por posibles delitos cometidos por el Estado en las manifestaciones y “disturbios políticos relacionados” desde abril de 2017. No obstante de tiempo atrás este organismo dependiente de Naciones Unidas le tenía el ojo puesto a esa nación por la lluvia de denuncias por parte de diputados de la oposición en la Asamblea Nacional y líderes políticos no afectos al Gobierno como María Corina Machado, Antonio Ledesma y Henrique Capriles.

En tanto que en septiembre pasado Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú enviaron una carta a la fiscal de la CPI pidiendo que investigue al gobierno venezolano de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Según la organización Foro Penal, hay 288 presos políticos en Venezuela, lista que ha sido ratificada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Efectos

El jurista Rafael Nieto Navia, quien fue juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo a EL NUEVO SIGLO que “la Corte Penal Internacional funciona con una sala previa que estudia los casos antes de enviarlos a las salas que corresponde. Eso es lo que acaba de hacer la Corte, nombrar unos jueces para la sala previa para estudiar el caso”.

No obstante, Navia previno que “esos tribunales siempre son demorados, el Tribunal de Yugoslavia se demoraba dos o tres años”.

De igual forma, Nieto Navia destacó la decisión del Ejecutivo al denunciar junto con otros países de la región a Maduro ante la CPI. “Es una muestra de que el Gobierno colombiano no acepta la dictadura de Maduro, pero efectos prácticos, poquitos”.

Por su parte, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y conocedor del funcionamiento de la CPI, indicó a este Diario que “la Corte Penal Internacional fue creada con el objetivo de conocer y juzgar los crímenes más graves de carácter internacional. Ordinariamente la decisión de asumir el caso la toma la Corte Penal Internacional por una investigación de la fiscalía de la Corte, también puede hacerlo a solicitud del Consejo de Seguridad (ONU)”.

Añadió que indudablemente es una decisión seria, es una decisión grave porque la Corte no está haciendo eso todos los días, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta el carácter provisional, digamos, de la medida. No hay una determinación definitiva sobre el tema”.

Venezuela es signatario del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual fue adoptado como Ley de la República. En ese sentido se empiezan a escuchar especulaciones que este país podría buscar salir de este acuerdo para evitar un eventual proceso contra Maduro.

Al respecto, Gallón explicó que “se necesita que sea parte del tratado, Venezuela lo suscribió y si quisiera retirarse, el mismo no surte efecto de inmediato. La denuncia (del tratado) no opera en ningún caso de manera inmediata sino que ha requerido mínimo de un año, en algunos tratados es de más, para que el órgano respectivo deje de tener competencia.

El procedimiento

La CPI aplica justicia de forma subsidiaria, es decir, cuando los países signatarios del Estatuto de Roma no sancionan los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

El procedimiento establecido en esta Corte para el trámite de un expediente tiene tres fases: el examen preliminar; fase de investigación y enjuiciamiento y; El juicio oral que se da ante la Sala de Primera Instancia y concluye con la emisión de una sentencia.

Contra la sentencia se pueden interponer el recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones y el recurso de revisión ante la Sala de Primera Instancia.

La Sala de Cuestiones Preliminares es la encargada de autorizar el inicio de una investigación y remitir el caso a la Sala de Primera Instancia para su juzgamiento.

La Sala de Primera Instancia es la encargada de velar porque el juicio sea justo y se respete el debido proceso; garantizar la protección de las víctimas, los testigos y la información confidencial dentro del juicio; realizar las consultas pertinentes a las partes para el desarrollo del juicio de forma justa y efectiva; ordenar que comparezcan y declaren testigos, así como la presentación de otras pruebas dentro del proceso; leer los cargos al imputado; decidir sobre la admisibilidad de las pruebas y mantener el orden en las audiencias.

En tanto que la Sala de Apelaciones tiene como función  revisar la apelación contra la decisión absolutoria, la sentencia condenatoria o contra la imposición de pena; emitir una decisión sobre la apelación; y presentar la revisión.

Desde su entrada en funcionamiento en 2002, la CPI ha emitido 34 órdenes de arresto, adelanta 11 investigaciones principales y 10 exámenes preliminares, incluyendo el de Venezuela.

De los 19 casos que se han cerrado, tres cumplen sentencias; dos ya las cumplieron; a 10 le fueron retirados los cargos o no fueron acusados y cuatro imputados murieron antes del juicio, incluyendo Muammar Gaddafi, quien murió tras una operación militar internacional en Libia, nación de la que era Jefe de Estado desde 1969.

Aviones rusos

La apertura en la CPI de una investigación a Maduro se produjo pocas horas después de que arribaran a Caracas cinco aviones rusos, cuatro de estos de combate, para realizar ejercicios conjuntos de defensa, según indicó el ministro del ramo, Vladimir Padrino.

Este hecho no cayó nada bien en la región, especialmente en Estados Unidos, en donde se han escuchado críticas.

Por el lado de Colombia el alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, aseguró que, "Colombia es un país que responde siempre con el derecho internacional en la mano y no es un país que actúa de forma agresiva ni alterando los criterios internacionales de civilidad, de respeto".

Agregó que no sabe "exactamente cuál es el juego de ese gobierno (de Nicolás Maduro) pero el Gobierno colombiano siempre responde con el derecho internacional en la mano".