El cerco sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro cada día se cierra más. Es claro que salvo los acuerdos políticos y la estrategia de empeñar a largo plazo las reservas petroleras con China y Rusia, ese régimen dictatorial está cada vez más aislado del concierto internacional.

Una prueba de lo anterior es, precisamente, lo que ha pasado con las denuncias que contra el cuestionado mandatario chavista se han interpuesto ante la Corte Penal Internacional (CPI). Denuncias incoadas -o en vías de serlo- por congresistas latinoamericanos, víctimas de la violencia del régimen venezolano, entes regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) e incluso gobiernos de la región. Todas coinciden en que Maduro ha implementado una estrategia de represión a la oposición en el marco de la cual se incurre en delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

La última acción ante la CPI la interpusieron los gobiernos de Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, cuyos presidentes enviaron una carta a La Haya para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

Uno de los líderes de esta causa ha sido, precisamente, el presidente colombiano, Iván Duque, quien incluso en la reciente asamblea de la ONU consideró que uno de sus logros allí fue el elevar la discusión sobre la situación en Venezuela y conseguir que “el mundo se dé cuenta de la gravedad de la crisis migratoria y humanitaria”.

Al tiempo que se mostró complacido ante la reacción de los países que “han endurecido las sanciones económicas y diplomáticas al círculo cercano del régimen”, Duque celebró que seis naciones, incluyendo Canadá, hubieran avanzado en la denuncia de ese régimen ante la CPI.

De Washington a París

Tras ello, el turno para expresar su respaldo a la denuncia contra Maduro le correspondió nada menos que a Francia, sin duda una de las potencias mundiales. "Francia considera que los esfuerzos de la CPI tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y, contribuir así a encontrar una salida", advirtió el Palacio del Eliseo semanas atrás. 

Hasta el gobierno de Costa Rica se sumó a la denuncia contra Maduro ante la CPI.

También es sabido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que en Venezuela lo que existe es una dictadura, al tiempo que no solo ha impuesto fuertes sanciones económicas a ese país y al círculo más cercano del mandatario chavista, sino que hasta ha insinuado que todas las opciones están abiertas para acabar con ese régimen, lo que se ha interpretado por muchos como una disposición a una eventual intervención militar. "Todas las opciones están en la mesa, todas. Las fuertes y las menos fuertes", advirtió el Mandatario norteamericano semanas atrás, sin citar eso sí, a la CPI ya que Washington no reconoce la jurisdicción de ese alto tribunal de justicia trasnacional.

Ahora la Unión Europea

Pero si el respaldo de Francia a la denuncia ante la CPI contra Maduro enfureció a Caracas, que lanzó duras diatribas contra el gobierno Macron, como igual lo había hecho contra los de Trudeau (Canadá), Duque (Colombia), Macri (Argentina), Piñera (Chile), Perú (Vizcarra) y Benítez (Paraguay), esta semana la cantaleta del régimen chavista aumentó de nivel, ya que ahora es la Unión Europea la que avala llevar al mandatario venezolano ante el tribunal internacional. Y lo hizo, precisamente, a instancias de una reunión de un alto funcionario suyo con el presidente colombiano, en Bruselas.

"Esto es ahora un asunto para el sistema de justicia internacional. Este hombre tiene que ser llevado ante los tribunales", dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en rueda de prensa conjunta con Duque el miércoles pasado. Incluso catalogó al gobierno venezolano de una “dictadura” a la que debe aislarse.

Un día después, la Eurocámara llamó a los países de la Unión Europea a unirse a la petición para que la CPI investigue a Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Como era apenas obvio, ante semejante pronunciamiento de la Comisión Europea (ya la Unión Europea había impuesto sanciones a altos dirigentes chavistas), Caracas no tardó en reaccionar con su ya conocida incendiaria y beligerancia verbal.

Por 218 votos a favor, 25 en contra y 26 abstenciones, el Parlamento Europeo insta a los países de la UE "a que se adhieran a la iniciativa de los estados parte de la CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad (...) y hacer que los responsables rindan cuentas".

Es claro, entonces, que el problema de Maduro -que incluso esta semana también rompió relaciones diplomáticas con Ecuador- ya no es solo con la mayoría de países latinoamericanos que consideran a su gobierno como una dictadura que está generando la mayor crisis migratoria y humanitaria de este siglo en el continente.

Tampoco el problema es solo con Estados Unidos, país al que Caracas ha acusado de querer invadir su territorio y apoderarse de las reservas de petróleo y oro. Incluso semanas atrás llegó al extremo delirante de denunciar que la Casa Blanca le dio la “tarea” a Duque de asesinar al mandatario chavista.

El verdadero problema de Maduro es que se está formando un plebiscito mundial para llevarlo ante la CPI. Potencias como Canadá, Francia y ahora la Unión Europea apoyan esa posibilidad, que también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respalda. Así las cosas, es muy posible que en próximos días o semanas más naciones y gobiernos se sumen a esta cruzada contra un régimen dictatorial que, salvo los apoyos interesados de China y Rusia, ya prácticamente está aislado completamente del concierto internacional.