Un informe elaborado por diez organizaciones sociales, plantea algunas de las acciones necesarias, a modo de recomendaciones, a partir de breves diagnósticos sobre los diferentes aspectos del fenómeno de las drogas: los cultivos y la producción, el uso, el tráfico y la criminalidad organizada

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Aprovechando la actual coyuntura electoral, diez organizaciones sociales han plasmado en un informe con once recomendaciones claves para darle un giro a la política antidroga en el país.

Estas recomendaciones van dirigidas al próximo Gobierno y al Congreso que se posesionará el 20 de  julio. Entre las organizaciones que respaldan el informe están Dejusticia, Fescol, TNI, Elementa, ATS, OCDDI, Corporación Humanas, Gpaz/Sisma Mujer, Temblores Ong y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT). 

Señala el informe, que éste es un momento importante “teniendo en cuenta los avances recientes que ha tenido la discusión global y regional sobre el tema, las transformaciones en política pública que se están dando en los países, los compromisos asumidos por Colombia en el marco de la UNGASS 2016, y la trayectoria de la posición nacional en los debates internacionales”.

Indica que “históricamente Colombia ha implementado estrategias con énfasis en la reducción de la oferta, priorizando el uso de la fuerza sobre los cultivos de uso ilícito y criminalizando productores y usuarios, sin que haya resultados contundentes que afecten la disponibilidad de los psicoactivos declarados ilícitos”.

Además, “el cubrimiento de agendas de seguridad con políticas de drogas dificulta la toma de decisiones que puedan revertir las causas estructurales de estos problemas, lo cual favorece el desarrollo de estos mercados ilegales. Los recursos disponibles no se dirigen a fomentar el desarrollo de los territorios marginados o a superar la informalidad en las zonas urbanas”.

Tampoco a implementar estrategias de prevención basadas en investigación o al desarrollo estrategias de reducción de daños y riesgos ocasionados por prácticas que ahondan los problemas por uso de psicoactivos, dijo. Sin embargo, como indica el PNUD, “un sustancial conjunto de evidencia demuestra que las políticas de control de drogas ancladas en planes de desarrollo social y económico tienen mayor probabilidad de producir resultados positivos”.

De allí, según el informe que “se requiere un cambio de orientación que ponga el énfasis en los derechos humanos, tanto de quienes usan estas sustancias como de quienes por causa de su pobreza y vulnerabilidad se ven obligados a participar en el negocio. Además es necesario distribuir los recursos disponibles de manera más inteligente de acuerdo con la evidencia que existe y atendiendo los diversos frentes del fenómeno de las drogas. Para ello se deben tener en cuenta los impactos diferenciales que el fenómeno y las políticas implementadas para enfrentarlo han tenido en distintos territorios y sectores de la población, particularmente mujeres y grupos étnicos”.

En esa línea, es necesario que las políticas de drogas tengan un enfoque territorial, además de enfoques diferenciales étnico y de género. Las reformas en política de drogas ya están ocurriendo; los mercados ilegales se están regulando y, a las puertas de un nuevo periodo de gobierno y del legislativo, es necesario seguir adelantando acciones para el cambio.

Recomendaciones para el cambio hacia una política de drogas efectiva

Sobre cultivos y dimensión de producción

1. Es necesario que la formulación de políticas relacionadas con los cultivos declarados ilícitos tenga enfoque territorial y se haga con la participación activa de cultivadores y cultivadoras, sus familias y comunidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales que trabajan en el tema y demás sectores afectados.

2. Se debe eliminar el uso de la erradicación manual forzada o cualquier método que implique la aspersión (aérea o terrestre) de compuestos que afecten la salud o el medio ambiente.

Posibilidades de los usos lícitos de la coca, marihuana y amapola

3. Resulta importante promover la reglamentación para la investigación científica sobre usos potenciales de las plantas declaradas ilícitas y permitir aprovechar su potencial para usos tradicionales, médicos, nutricionales, científicos, agroindustriales, populares y comerciales, entre otros, asegurando que los beneficios lleguen a las poblaciones involucradas en su cultivo y de modo que puedan generar desarrollo industrial con valor agregado para el país.

Enfoque de género en el desarrollo rural y los procesos de sustitución

4. El Congreso de la República debe dar trámite a las iniciativas de tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores y mujeres involucradas en el tráfico. Asimismo, debe garantizar a las mujeres acceso a tierra de buena fertilidad, titularidad de la propiedad, créditos y autonomía económica y prever formas que redistribuyan esas responsabilidades al interior de las familias, entre la comunidad y entidades estatales proveedoras de bienestar social.

Política de promoción, prevención y atención al uso de SPA, incluyendo reducción de riesgos y daños

5. Se debe respetar, proteger y desarrollar el espíritu de la jurisprudencia que existe con respecto a la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento, y evitar instrumentalizar políticamente el tema porque, además de profundizar el estigma, ello promueve nuevos escenarios de vulneración de derechos.

6. Es necesario eliminar todas las acciones que puedan llevar a la criminalización de facto del uso de drogas y de las personas que las usan, como ocurre con algunas sanciones administrativas que dan espacio para abusos por parte de la policía entre otros. En ese sentido, se deben diseñar protocolos de acción policial que limiten la discrecionalidad de la policía en su relación con los consumidores.

7. Se requiere fortalecer las políticas de uso de drogas que se han desarrollado con enfoque de salud pública y derechos humanos. Para ello es fundamental evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, dar una financiación suficiente a las políticas de uso de drogas existentes y hacerles los ajustes que se requieran para asegurar que las acciones en todos los campos del abordaje del uso estén basadas en evidencia.

8. Se debe cerrar la puerta a propuestas que plantean el tratamiento forzado para personas con usos problemáticos, así como eliminar las sanciones que se imponen a los usuarios en los contextos de tratamiento.

9. El Congreso de la República debe generar mecanismos de seguimiento que aseguren que los servicios públicos y privados que se prestan a personas que usan drogas se rijan por los estándares de respeto a la dignidad humana y que se basen en la evidencia.

Política de combate al tráfico de drogas

10. Es necesario un cambio de enfoque que, en vez de atacar los cultivos y a las personas que usan drogas, se concentre en las grandes estructuras criminales y sus vínculos con la economía legal, persiguiendo a los grandes traficantes y a sus finanzas.

11. Los proyectos de renovación urbana deben siempre seguir las normas regulares establecidas para la gestión del suelo y la gestión de riesgo, así como generar la inclusión efectiva de sus habitantes de la zona en lugar de desplazamiento. La política antidroga nunca debe ser utilizada como estrategia expedita para la recuperación de espacios públicos y expropiación de predios urbanos.