Su preocupación manifestaron los dirigentes comunales al presidente de la República, Iván Duque; al procurador Fernando Carrillo; al defensor del Pueblo, Carlos Negret; y al consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, por la violencia que no afloja contra estos líderes en diferentes regiones del país.

En una carta que envió Guillermo Cardona Moreno a nombre de la Comisión de Interlocución con el Estado de la Confederación Nacional Comunal y presidente del Observatorio Nacional Comunal, al Jefe de Estado y los funcionarios y servidores públicos antes anotados, reseña “hechos muy graves para los dirigentes de las juntas de acción comunal, los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos”, que se presentaron la semana pasada.

La Confederación Nacional Comunal indicó que uno de estos casos se registró en el municipio de Acacias, Meta, donde  apareció un afiche impreso en membretes de la Policía Nacional, bajo el título ‘Plan de Choque 100 días, el que la Hace la Paga’, en el que se indica los nombres de varios dirigentes comunales que están siendo procesados por la Fiscalía.

Es el caso de Sandra Patricia Ruiz Riaño, de quien se dice en el citado afiche “inicia su actuar delictivo como presidenta de la junta de acción comunal de  la vereda del Centro del municipio de Acacías y de la corporación del área de influencia directa del municipio de Acacías”.

Añade que es una “persona que lidera manifestaciones, bloqueos en contra de la estatal petrolera Ecopetrol y sus diferentes empresas prestadoras de servicios en las diferentes locaciones, plantas y gerencia de Ecopetrol en el departamento del Meta, generando mitin con los empleados para detener el desarrollo de la operación y de esta manera afectar la economía del país”.

Sobre el particular, indica dicha Confederación que “sabemos muy bien que la judicialización en el departamento del Meta contra dirigentes comunales y ambientalistas hace parte de la Estrategia Territorial por el Desarrollo de los Hidrocarburos, encabezada por la estatal Ecopetrol y uno de cuyos objetivos es ahogar la protesta social, por lo que el listado de dirigentes judicializados en la región supera los 20. Esta estrategia desde el Gobierno anterior ha sido acompañada por el Ministerio del Interior. Quisiéramos conocer la percepción del nuevo Gobierno, a la vez que saber cuál ha sido el papel del PNUD en el diseño e implementación de esta estrategia”.

Sostiene la misiva de la Confederación Nacional Comunal que “cuando creíamos que ante la gravedad de los asesinatos de dirigentes comunales y sociales en Colombia, la reclamación de las organizaciones y de la comunidad internacional,  el Estado estaba superando la etapa de la estigmatización y del señalamiento del ejercicio de derechos, de la protesta o de la defensa del ambiente como hechos delincuenciales, se revive esta recurrente práctica agravada por las declaraciones del señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el marco del Congreso de Confecámaras  en Cartagena, cuando dice que ‘detrás de la protesta social están grupos ilegales’”.

Por ello los dirigentes comunales requirieron a los organismos del Gobierno nacional, de control e instancias de derechos humanos del Estado su pronunciamiento público frente a los hechos, “su reivindicación del derecho ciudadano y de nuestras organizaciones y dignatarios al ejercicio de derechos y a la protesta; su seguimiento y acompañamiento a los dirigentes comunales y sociales judicializados en el departamento del Meta por defender el ambiente, oponerse al fracking y en general ejercer derechos para que se les garanticen plenamente sus derechos y su vida, entre otros”.

Según esta Confederación en 2017 fueron asesinados más de 120 líderes comunales y más de 8 mil en los últimos 59 años.

Medidas

El presidente Duque señaló hace unos días que desde los acuerdos del Teatro Colón han asesinado a más de 300 líderes sociales. Por ello en agosto pasado con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo presentó una acción coordinada para prevenir estos hechos y llevar a los responsables a la justicia.

Duque dijo: “Me duele y rechazo categóricamente cualquier acto de violencia contra cualquier líder social, líder político, periodista y contra cualquier ciudadano”.

Añadió el Jefe de Estado que “pueden tener la certeza de que esos casos no quedarán en la impunidad, que hablaremos con los entes de control, que vamos desde el Gobierno y con nuestra Fuerza Pública a investigar”.

Según reportes oficiales en el último año han sido asesinados en el país 332 líderes sociales entre defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la erradicación de cultivos ilícitos e integrantes de juntas de acción comunal.