El Consejo de Seguridad de la ONU examina ese jueves los avances de los Acuerdos de Paz en Colombia, sobre la base de un informe del secretario general, Antonio Guterres, que recuerda al gobierno de ese país que subsisten "desafíos considerables" por el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones.

Cuando están a punto de cumplirse cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC y en plena recta final del gobierno del presidente Iván Duque, esta revisión servirá para alertar sobre los desafíos que complican su implementación.

Sobre todo, por la violencia "desproporcionada" que sufren los territorios con poblaciones indígenas y afrocolombianas, en particular en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño.

Aunque el proceso de paz de Colombia sigue siendo "fuente de inspiración para el mundo", ni la sociedad colombiana ni la comunidad internacional "deberían ignorar los enormes desafíos y los factores de riesgo" que enfrenta su consolidación, advierte Guterres.

Además del representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, en la sesión del Consejo participan dos representantes de la sociedad civil.

La "manera desigual" en que se aplican las disposiciones sobre las garantías de seguridad y la ausencia del Estado en las regiones que sufrieron los estragos del conflicto pueden poner en riesgo los Acuerdos de Paz, según el informe elaborado por la ONU en el terreno que cubre el periodo entre el 26 de junio y el 24 de septiembre.

Durante este periodo 15.200 personas debieron huir, elevando el número de desplazados en lo que va de año a 57.420.

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Además, otras 46.321 personas fueron confinadas a la fuerza en 2021, el 96% indígenas y afrocolombianos, en tanto hubo al menos 38 muertos.

Asimismo, la violencia sigue ensañándose contra los guerrilleros que depusieron las armas. Al menos 14 fueron asesinados, con lo que son ya 292 el total de muertos desde la firma de los acuerdos, y otros muchos se han visto obligados a huir por amenazas, que también afectan a familiares.

Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió información del asesinato de 43 defensores derechos humanos.

La situación en Tibú (Norte de Santander) es "especialmente preocupante", dice Guterres. En este municipio fueron ejecutados sumariamente dos jóvenes venezolanos de 12 y 18 años tras haber sido acusados de robar recientemente.

Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, disidencias de las FARC; el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco de origen paramilitar alimentan una nueva ola de violencia por sus disputas por las rentas del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.

- "26 años" -

El informe insta al gobierno de Duque a no escatimar esfuerzos para acelerar el acceso de antiguos guerrilleros a la tierra y la vivienda y que tanto estos como mujeres, indígenas y afrodescendientes, puedan participar en el proceso de toma de decisiones para garantizar igual acceso a las oportunidades de trabajo y medidas de protección. 

Esto se hace más urgente con vista a los comicios presidenciales de marzo y legislativos de mayo próximos. En las regiones afectadas por el conflicto se crearon 16 nuevas circunscripciones electorales, considerado como un "hito fundamental".

Guterres también hace hincapié en la importancia de garantizar recursos adecuados a todas las secciones del acuerdo, máxime cuando solo se ha gastado el 65% de su presupuesto entre 2017 y 2020. 

Al ritmo actual, "la implementación llevará 26 años y no los 15 originalmente planeados", advierte.

Para Guterres, el sistema de justicia transicional "sigue demostrando su papel fundamental", en particular la labor de la Comisión de la Verdad.

"Sus esfuerzos por tener en cuenta las voces de las víctimas y de todas las personas involucradas en el conflicto son un recordatorio de que contribuir genuinamente a la verdad" es un "imperativo moral en una sociedad que se esfuerza por superar décadas de conflicto", concluye.

En seis décadas, el conflicto en Colombia deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.