Ante la escalada de violencia desatada por parte de grupos criminales conocidos como Los Loko Yam, Los Mexicanos y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el grave deterioro de la seguridad en Quibdó, Chocó.

Esta situación ha generado un aumento considerable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y graves restricciones a la movilidad de la población, afectando especialmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, señaló el Ministerio Público. 

La Procuraduría acompañó la reunión del Comité Interinstitucional para la Respuesta Rápida (CIPRAT), convocado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. 

Durante este encuentro, se establecieron medidas urgentes de protección para las comunidades afectadas y se coordinó la implementación de acciones preventivas y de atención a las víctimas.

Frente a esta situación, en la Alerta Temprana de Inminencia No. 024-24, emitida por la Defensoría del Pueblo, se advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en las seis comunas de la zona urbana del municipio de Quibdó, Chocó, el cual es extremo, particularmente, en las comunas Uno, Cuatro, Cinco y Seis, y un riesgo alto para las comunas 2 y 3.

Actualmente, la situación de violencia y afectación a los derechos humanos en Quibdó es crítica y tiende a agravarse. Esta problemática se agudizó con la reciente suspensión del espacio de diálogo socio-jurídico con los grupos ilegales antes mencionados, creando un entorno de disputa territorial entre el EGC y la criminalidad organizada que afecta gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de los pobladores, especialmente, los grupos que gozan de especial protección constitucional, entre ellos los niños, las niñas y los adolescentes (NNA), los jóvenes, las mujeres, las personas mayores y las personas en proceso de reincorporación o firmantes de paz.