Las inversiones ejecutadas con recursos de regalías en Arauca siguen presentando inconvenientes, informó la Contraloría General de la República.

Así lo evidenciarían los hallazgos con presunta incidencia fiscal por 7.939 millones de pesos que detectó la Contraloría en el segundo semestre de 2017, de los cuales 7.299 millones de pesos corresponden a un proyecto de vivienda de interés prioritario en el municipio de Arauca que se convirtió en un completo fiasco.

Se trata del proyecto “Los Laureles I”, en la comuna tres del municipio de Arauca, que se está ejecutando a través de un convenio de cooperación entre la Gobernación y la Caja de Compensación de Arauca (Comfiar), donde las viviendas, que no han sido entregadas a sus 238 beneficiarios, no cuentan con energía y alcantarillado, tienen problemas técnicos y constructivos, y no se ha podido realizar su respectiva titulación.

En los últimos dos años, entre 2015 y 2017, los hallazgos con presunta incidencia fiscal encontrados por la Contraloría en el Arauca y sus municipios ascienden a 40.247 millones de pesos.

Obras inconclusas

De acuerdo con la Contraloría, otra de las obras inconclusas que salta a la vista es la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca, que se encuentra en total abandono, sumado al saqueo y deterioro de una obra que no fue puesta al servicio de la ciudadanía.

Para el organismo de control, se trata sin duda de un “Elefante Blanco”, que representa una pérdida de recursos de regalías por un valor de 10.824 millones de pesos, hallazgo evidenciado por la Contraloría en las auditorías adelantadas durante 2016.

Uno de los hallazgos más relevantes del proceso auditor del primer semestre de 2017 realizado en Arauca tiene que ver con el colapso, por mala calidad de las obras, del alcantarillado de Puerto Jordán (corregimiento de Tame), donde la Contraloría configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 2.300 millones de pesos.

Proyecto de vivienda

Volviendo a las irregularidades en el proyecto de vivienda, en ese caso la Contraloría consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 7.299 millones de pesos de recursos provenientes de regalías.

El proyecto presenta una serie de problemas técnicos y de gestión predial, que están afectando a la comunidad que se beneficiaría de esas obras, ya que las viviendas no han sido entregadas.

El proyecto que se viene ejecutando desde 2013, se encuentra en total incertidumbre y está catalogado como crítico por el Departamento Nacional de Planeación.

Además no cuenta con los servicios públicos de energía y alcantarillado, dado que no existen condiciones técnicas para poder recibir y distribuir internamente el agua y la electricidad.

En el caso de la energía, no existen instalaciones eléctricas terminadas, no se han realizado las solicitudes de inspección para lograr el certificado Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) ni tampoco se han tramitado ante la empresa Enelar ESP las matrículas y medidores de energía.

En cuanto al servicio público de acueducto, no existe infraestructura que permita el suministro a cada vivienda, ya que a pesar de que Emserpa ESP da disponibilidad del servicio a la entrada del conjunto residencial, no es posible la distribución interna por la falta de tanques, motobombas o cualquier solución de bombeo de agua potable.

Ante lo observado no existe respuesta que garantice solución y entrega de las 238 viviendas a los beneficiarios.

A lo anterior se suman problemas con la titulación de las viviendas para los beneficiarios, debido a varios inconvenientes en el replanteamiento del lugar de la obra, dado que la Secretaría de Planeación ha tenido muchos contratiempos para hacer esa titulación.

La Contraloría también recibió una denuncia de la comunidad sobre el Complejo Ferial de Arauca, un escenario que sería utilizado para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, entre otros, el cual fue objeto de revisión por parte del ente de control, evidenciando múltiples problemas.

El equipo auditor encontró que a pesar de que fue comprada e instalada en 2016, a la fecha los instrumentos de medición no han sido puestos en uso, por lo cual no ha podido entrar en funcionamiento y no cumple con el objetivo para el cual fue comprada