LA SALA de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el día de ayer la negativa de libertad del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso Gómez, y quién fuera designado mediante Resolución Presidencial como gestor de paz en los procesos de negociación que adelanta el Gobierno nacional con grupos armados.
El pronunciamiento de la Corte, se da en momentos en los cuales no está clara la labor de estas gestorías, y que, además, la mencionada figura constitucional no puede ser utilizada por el Gobierno nacional para otorgar libertad a peligrosos delincuentes bajo la consecución de la paz, máxime cuando los gestores aún tienen procesos pendientes con la justicia.
En ese sentido, se explicó por parte de ese tribunal que “desde el año 2019 se ha impuesto al postulado Salvatore Mancuso Gómez, como máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 33 medidas de aseguramiento por los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia de género, reclutamiento ilícito, entre otros”.
La Sala señala, que para confirmar la negativa de libertad a Mancuso “se analizó el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, porque advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno nacional, para subrayar que la intención del legislador fue facultar al Gobierno nacional para que actuara con carácter excepcional frente a los “miembros” de grupos armados organizados al margen de la ley que estuviesen legalmente privados de la libertad”.
Determinación no ajustada a la ley
Posteriormente, agrega que “el propósito no fue en contraste que se permitiera la liberación de sujetos ajenos a estas estructuras criminales; bajo Instancia de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso Gómez, no hace parte de estructuras delincuenciales activas ni a integrantes de bandas criminales o grupos de delincuencia emergentes. Por el contrario, Mancuso Gómez, fue miembro representante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los diálogos de paz de 2003 con el Gobierno nacional, hasta el año 2006, y no puede ser beneficiario del artículo 61 de la Ley 975 de 2005 que lo nombra gestor de paz”.
La providencia añade que la jurisprudencia constitucional ha establecido un test de proporcionalidad capaz de determinar si la medida “resulta idónea y operante por constituirse en necesaria y proporcional a los fines buscados, concluyendo que si bien, la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima (como lo es contribuir con la paz), lo cierto es que, en asuntos transicionales, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado. Lo anterior, debe salvaguardar la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DD. HH., lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas”.
Señala que “otorgar un beneficio ilimitado (la libertad), sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado y no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas y concede a su agresor, el no asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas. Por tal motivo, una medida de aseguramiento de detención preventiva se debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, sin causar una desmedida contraprestación”, dice la determinación.
El exjefe paramilitar, había recuperado su libertad en julio pasado luego de que el Gobierno nacional considerara sus aportes al proceso de paz que adelantan con grupos armados en el magdalena medio, región en la cual el Mancuso lideró un grupo de autodefensa. Para ese momento, el excomandante paramilitar pidió perdón a las víctimas del conflicto armado. “Pido perdón al país y a las víctimas del conflicto armado, por el daño que les causamos. Aún me afecta el sufrimiento de las víctimas, de las madres de los desaparecidos. Hemos trabajado con la JEP y con la Unidad de Búsqueda, para qué los familiares de los desaparecidos, conozcan en donde fueran enterrados y que les puedan dar cristiana sepultura. Para mí sigue siendo importante que estas personas retornen al seno de su familia”.