Por solicitud de la Presidencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía General concentró sus labores investigativas para verificar la posible existencia de actos de corrupción en la Secretaría General del alto Tribunal, en los que presuntamente fueron acordados pagos de dinero para garantizar la selección y direccionamiento de tutelas.

De acuerdo con la información oficial, en las indagaciones, se pudo constatar que Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario administrativo de la Corte, habría recibido dádivas para interceder en el curso de las acciones de amparo presentadas. Con suficiente acervo probatorio y evidencia física, como fotografías en las que quedó registrado el momento de la supuesta entrega de la suma solicitada y controles técnicos a las comunicaciones, el fiscal de conocimiento obtuvo la respectiva orden de captura, la cual se hizo efectiva ayer.

Caicedo Rojas se desempeñaba como funcionario administrativo de la Corte Constitucional desde 1995 y, actualmente, estaba adscrito a la Secretaría General de la Corporación.

Según el fiscal del caso, hasta el momento hay material testimonial, fílmico y fotográfico y electrónico que lo vincularía a dos hechos de corrupción.

El primero tendría que ver con el extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, quien interpuso una tutela relacionada con su proceso en Justicia y Paz, la cual llegó a la Corte Constitucional para su eventual revisión en febrero de 2016. Caicedo Rojas convino con el abogado defensor pagos entre $50’000.000 y $100’000.000 para garantizar que la tutela entrara en reparto y llegara a un despacho específico. El monto aumentaría a $2.000’000.000 en el evento de obtener un fallo que favoreciera a alias ‘El Mellizo’.

Por este trámite ilegal, el funcionario habría recibido $800.000.

En octubre de 2016, Caicedo Rojas pactó su intermediación ilícita para que una tutela presentada por Adriana Páez, esposa de un señalado narcotraficante de los Llanos vinculado a la organización de Carlos Ledher, fuera decidida favorablemente y le permitiera recuperar un bien que había entrado en proceso de extinción de dominio.

“Las evidencias recopiladas indicarían que, por este caso, el funcionario de la Corte Constitucional hablaba de $50’000.000 y $70’000.000 para que la acción fuera revisada”, según la Fiscalía.