Condenar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez, por el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero, caso conocido como ‘Cartel de la Toga’ pidió la Procuraduría General de la Nación. 

El Ministerio Público lo solicitó al intervenir en audiencia pública ante el Juez 10 del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá, en la que pidió proferir sentencia condenatoria contra Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.  

Asimismo, argumentó que las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una estructura criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública.  

Igualmente, el órgano de control pidió al juez declarar la prescripción del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada.

Cabe mencionar que la solicitud de la Procuraduría se presentó de manera simultánea a la de la Fiscalía, la cual también pidió condenar a Ricaurte Gómez por estos hechos de corrupción al interior de la Rama Judicial. 

Para la Fiscalía delegada existen suficientes elementos como pruebas técnicas y testimoniales que fueron presentadas en el juicio para demostrar la autoría de en estos hechos y su vinculación con esta organización.

El ente investigador señaló que Ricaurte recibió millonarios sobornos para desviar y archivar procesos penales que se adelantaban contra aforados constitucionales.

En sus alegatos de conclusión ante un juez de Bogotá, el ente investigador aseguró que para este caso se le debe dar credibilidad a testigos como el exjefe anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, pieza clave en la investigación que se sigue por este escándalo. 

En el transcurso de la diligencia la Fiscalía delegada indicó que estaría implicado con irregularidades registradas en casos contra el exgobernador Juan Carlos Abadía Campo y el exsenador Álvaro Ashton.

La Fiscalía advirtió que Ricaurte, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.