El tribunal arbitral encargado del proyecto inmobiliario Meritage aceptó la objeción de seguridad esencial presentada por Colombia y desestimó todas las demandas presentadas por Ángel Samuel Seda y otros, que alegaban una posible violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.

El proceso jurídico inició en 2019, cuando se registró una demanda de Seda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI"), en el cual, los inversionistas reclamaban USD 255 millones, es decir, más de 1 billón de pesos; luego de que la Fiscalía general de la Nación realizara la extinción de dominio de unos predios que pertenecieron a narcotraficantes y paramilitares.

Director general de la Agencia Jurídica del Estado, Jhon Camargo, señaló que con este triunfo, lograron evitar que el patrimonio de Colombia llegara a manos de narcotraficantes. “Es la primera vez que en terrenos del CIADI, un país a nivel mundial logra probar la excepción de seguridad esencial, básicamente es levantar la mano y decir que los poderes regulatorios y de Policía del país son legítimos cuando se trata de luchar conta el narcotráfico y el crimen organizado”, manifestó.

De esta forma, es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país.