El organismo de control pidió a la Procuraduría una reunión para intercambiar información sobre este posible caso de corrupción 

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Intercambiar información y pruebas sobre el posible caso de corrupción que sacude al Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM), pidió este miércoles el contralor Edgardo Maya al procurador Fernando Carrillo.

Se trata de aunar esfuerzos entre los organismos para el esclarecimiento de posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales de los uniformados que tienen a su cargo gastos reservados con cuestionamientos.

Según el jefe del ente de control “en virtud del deber de reserva que por ley pesa sobre la Contraloría General de la República, estos informes y las auditorías sobre gastos reservados tienen carácter confidencial”.

La Contraloría realizó auditoría a la ejecución de 128.355 millones de pesos, recursos que fueron destinados en 2017 en la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal y protección de testigos, informantes e intervinientes en el proceso penal.

Esta partida es inferior en un 8 por ciento a la ejecutada en 2016. La mayor cantidad de recursos estuvieron en cabeza de la Policía Nacional, con 42.457 millones de pesos, lo que representa el 33,1 por ciento del total de gastos; la Fiscalía General de la Nación con 28.151 millones de pesos, que representa el 21,9 por ciento, y el Ejército Nacional, que ejecutó 22.057 millones de pesos, lo que representa el 17,2 por ciento. 

Las entidades administraron que están bajo vigilancia de la Contraloría son: el Comando General de las Fuerzas Militares (Jefatura Inteligencia J2, Dirección Gaulas Militares, Comando Conjunto de Inteligencia CCONI); el Ejército Nacional (Jefatura inteligencia y contrainteligencia); la Armada Nacional (Jefatura Inteligencia Naval); la Fuerza Aérea Colombiana (Jefatura Inteligencia); la Policía Nacional (DIJIN); la Fiscalía General de la Nación (Oficina Protección), y la Dirección Nacional de Inteligencia.