El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que se instalen mesas de trabajo regionales e interinstitucionales inicialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Santander, Magdalena Medio, Cesar, Antioquia, Risaralda y Arauca para prevenir hechos de violencia y atender las demandas de los líderes sindicales, dados los recientes casos de amenazas y homicidios en su contra.
“Lamentamos que durante los primeros ocho meses de 2022 han sido asesinados cinco líderes sindicales: dos en Cali, uno en Restrepo (Valle del Cauca); uno en Dosquebradas (Risaralda) y uno en Saravena (Arauca), según el reporte de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que presentamos el pasado fin de semana”, dijo Carlos Camargo.
A estas lamentables cifras se suma el asesinato de Sibaris Lamprea Vargas, de 42 años, líder sindical de la Unión Sindical Obrera (USO), sucedido el pasado fin de semana, en Barrancabermeja. “Reitero nuestro mensaje de solidaridad a la familia del señor Lamprea Vargas, a sus compañeros de trabajo y a la USO. Es necesario garantizar el ejercicio del liderazgo sindical y desde el Estado urge garantizar que esa labor se realice con total libertad”, agregó el Defensor del Pueblo.
En el mismo sentido, Carlos Camargo rechazó este tipo de acciones que atentan contra la libertad de asociación y manifestó su confianza en que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puedan esclarecer estos crímenes, y crear líneas de acción en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), para garantizar la vida e integridad de los líderes sindicales.
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De igual forma, propuso al Gobierno que convoque mesas de trabajo que permitan atender las situaciones de los diferentes departamentos relacionados con esta problemática. La Defensoría del Pueblo ya ha venido avanzando en esta tarea, pero es necesaria la articulación interinstitucional desde el nivel nacional, departamental y municipal para lograr la garantía de los derechos de los líderes sindicales.
Como parte de las acciones de la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), se ha venido haciendo la verificación de la situación en los territorios.
Justamente, el pasado 30 de agosto se adelantaron reuniones en Barrancabermeja con líderes sindicales y autoridades de Santander para revisar la preocupante situación generada por las acciones de las bandas criminales y la delincuencia común que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y de los líderes sindicales.
Para la Entidad, es preocupante que en todas las zonas visitadas los líderes manifiestan problemas similares, en primer lugar demoras en los procesos de análisis de valoración del riesgo por parte del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM) y la UNP. En segundo lugar, consideran insuficiente el otorgamiento de medidas de protección con el riesgo presente que viven los lideres sindicales. En tercer lugar, indican que las denuncias que se interponen a la Fiscalía no avanzan por insuficiencia de personal en las regiones, siendo la recomendación constante el aumento de despachos judiciales y de fiscales. Finalmente, dicen que es necesario fortalecer las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo para adelantar los respectivos seguimientos a la actividad sindical.