La Universidad Jorge Tadeo Lozano puso en marcha un nuevo centro de pensamiento. Se trata del Grupo de Seguimiento de Casos y Tribunales Internacionales que fue inaugurado la semana pasada con un conversatorio acerca del diferendo limítrofe de Colombia con Nicaragua.

Los invitados fueron el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia, y el presidente del Consejo Directivo de Utadeo, Jaime Pinzón López, quienes plantearon sus puntos de vista en torno a los alcances y futuro de la disputa limítrofe.

El centro del conversatorio fue el fallo de 2012 de la Corte Internacional de Justicia que otorgó al país centroamericano un área marina cercana a los 75 mil kilómetros cuadrados pertenecientes a Colombia hasta ese momento.

Pinzón López consideró que el fallo proferido por el tribunal internacional “es inaplicable y confuso”, pues este organismo carece de competencia para reconocer los límites de las plataformas continentales de los países, en la medida que su carácter solo puede ser el de interpretar los tratados entre las naciones y resolver diferendos jurídicos.

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Mientras, Nieto Navia explicó que si bien la decisión no es compatible con la condición geográfica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dado que separa las islas de los islotes ubicados al norte del Caribe, “el fallo es definitivo e inapelable”, pero que se debe actuar prontamente frente a las decisiones que próximamente tome la CIJ para fijar los límites definitivos entre ambas naciones.

En todo caso, los dos expertos coincidieron en que el fallo de 2012 perjudicó a Colombia porque, aunque se mantuvo la soberanía sobre el archipiélago, quedó en duda el límite del meridiano 82.

En ese sentido, Pinzón sostiene que el primer error del Estado fue reconocer en 2002 el diferendo con Nicaragua, al comparecer ante la Corte. Recuerda que, si bien en 2012  el Gobierno Santos denunció el Pacto de Bogotá, la Cancillería colombiana no acató la orden y continuó la representación allí.

Por su parte, Nieto agregó que la Corte Internacional de Justicia intervino sobre disputas de tratados que no eran de su competencia.

Los dos expertos coincidieron en la necesidad de que tanto el Gobierno como el Congreso estudien el tema con mayor profundidad.